De la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hace días en el Congreso salieron dos acuerdos relevantes: la modificación, por fin, del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuidos” y el visto bueno a que la Comisión Europea entre a supervisar la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mediación de Bruselas, una propuesta del líder del PP que el presidente del Gobierno aceptó, podría desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, que acumula cinco años de mandato caducado.
Todavía no se han producido avances, pero el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, confirmó este martes en la sede de Génova que están esperando a que la Comisión “acepte el encargo” y que a partir de ahí se podría avanzar estableciendo un calendario de reuniones. Esos encuentros serían a tres bandas con Esteban González Pons y el ministro Félix Bolaños repitiendo como interlocutores. Lo que queda por saber es si la persona que representará a la Comisión serán el comisario Didier Reynders o la vicepresidenta Věra Jourová, o una tercera persona.
Para las instituciones europeas el CGPJ de España no es un desconocido. De hecho, las advertencias sobre que deben ponerse de acuerdo PP y PSOE para renovarlo llevan meses sucediéndose. Es verdad que Bruselas también pone el foco en el hecho de que esa actualización debe ir acompañada de una una ley que modifique el sistema de elección de los vocales del Consejo y que sean los jueces quienes elijan a los propios jueces.
A este aspecto se agarra el PP en esta operación, que también tiene riesgos, de pedir la mediación de Bruselas. Su creencia es que Europa empujará al Gobierno a una nueva ley hasta la que ahora se ha negado. A cambio, los conservadores tienen muy difícil levantarse de la mesa sin renovar.
Sánchez y Feijóo se reunieron el pasado viernes, coincidiendo con el día de la Lotería de Navidad, en el Congreso. Las expectativas eran muy bajas y quizá por eso sorprendieron los avances que allí se vieron, teniendo en cuenta que el momento político entre ambos no puede ser de mayor tensión.
Las dos partes reconocen que la entrada en escena de la Comisión Europea es un elemento muy novedoso que puede hacer pensar que esta vez sí que va a renovarse el órgano de gobierno de los jueces. Antes del encuentro en el PP ya reconocían que necesitaban “una novedad discursiva” en este debate, que estaba muy enquistado y con la sensación de que solo los populares estaban bloqueando. Además, en la cúpula conservadora también avanzaban que pretendían hacer una oferta que el Gobierno no podría rechazar.
Aunque el hecho de que el PP proponga una mediación, europea, pero al fin y al cabo una mediación, le puede suponer un desgaste evidente (como se vio claramente con Vox), en Génova insisten en que el comisario Reynders y otras instituciones europeas se han referido en muchísimas ocasiones al CGPJ. Reynders incluso ha viajado a España para verse con todas las partes afectadas. Es decir, se trata de un asunto que en Europa conocen y sobre el que Bruselas se ha involucrado ya exigiendo un acuerdo cuanto antes. Y cada vez que Reynders se pronuncia PP y PSOE hacen lecturas muy distintas. Ahora, el objetivo con esta mesa a tres es salir de dudas: primero, si puede haber renovación. Y, segundo, una de las partes cederá con respecto al nuevo sistema de elección.