Después de que lo hayan hecho los europeos, los agricultores españoles han iniciado una serie de protestas que se han manifestado con cortes en las carreteras de toda España.
[–>Los agricultores y ganaderos consideran que se está produciendo un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria, una normativa aprobada en diciembre de 2021 que busca, entre otras cosas, poner en valor la actividad del campo y los alimentos y que, de paso, los productores consigan unos precios que les permitan cubrir los costes de producción. “El ministerio debería empezar por establecer los criterios para determinar esos costes de producción y conseguir que los precios que percibimos los payeses, el precio en origen, nos dé para vivir”, defiende el sindicato Unió de Pagesos (UP). La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) debe actuar con inspecciones de oficio ante situaciones de “precios anormalmente bajos, como es el caso ahora mismo del limón”, agregan los convocantes de las movilizaciones.
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El sector reclama un apoyo “más directo y ágil” al gasóleo de uso agrícola. La reivindicación es que el descuento, prorrogado en España desde el pasado 1 de enero, se realice en el lugar de abastecimiento, “como se hizo en la época poscovid para toda la ciudadanía”, insisten los afectados, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales. Según acordó el Gobierno en diciembre pasado, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, se establece para el periodo impositivo de 2024 que el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% de la adquisición de gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes.
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La Administración debe resolver la competencia desleal de importaciones que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, protestan los agricultores. “Estamos trabajando en un mercado desregulado, que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio, lo que presiona a la baja los precios en España”, denuncian. “Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política europea. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, añaden. Entre los países que más amenazan a las agricultura española figura, por ejemplo, Marruecos, que tiene un trato preferente en Europa. “Con la supervisión de la Comisión Europea, se deben aumentar los controles en la frontera marroquí para garantizar que los productos agrícolas importados desde ese país cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio”, exigen. También reclaman revisar o no renovar los acuerdos con grandes competidores como Nueva Zelanda, Chile, México, Kenia e India.
[–>Tanto en Catalunya como en Andalucía, las protestas incluyen una queja específica sobre los efectos que está teniendo la sequía. Unió de Pagesos exige a la Generalitat el pago de las ayudas comprometidas por la sequía del año pasado en el sector de cereales y herbáceos para que el campesino pueda asumir los costes de la semilla, el gasóleo, la aplicación de deyecciones y la fertilización del suelo y la siembra. Los productores andaluces, por su parte, reclaman mejoras urgentes en las infraestructuras hidráulicas, que están provocando “el 50% de restricciones de agua que sufren los agricultores de provincias como Huelva”.
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Los agricultores, especialmente aquellos que han visto cómo los fenómenos meteorológicos extremos mermaban sus cosechas, piden una reforma del seguro agrario, para dar mejor cobertura a las nuevas condiciones creadas por el cambio climático. “Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático”, sostienen los sindicatos convocantes de las protestas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió, en su comparecencia parlamentaria de esta misma semana, a abordar “una adaptación del sistema de seguros del campo“, pero no marcó ni dotaciones presupuestarias ni plazos de implementación.
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“Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, dado que la excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental”, piden los sindicatos mayoritarios. Esto pasa, entre otras cuestiones, por fijar una “moratoria indefinida para la puesta en marcha del cuaderno digital de explotación“, una de las herramientas de las que, paradójicamente, más se enorgullece el ministerio. También apuntan a las comunidades autónomas, a las que se les demandan reformas urgentes para “agilizar los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo”. Con la rebaja de la carga burocrática se aceleraría el cobro de ayudas, que ahora se perciben con importantes retrasos.
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De momento, la Comisión Europea ha atendido la petición del campo francés de derogar durante un año de las normas de la Política Agraria Común (PAC) que obligan a los agricultores a mantener determinadas tierras en barbecho, una medida que había sembrado el descontento especialmente en Francia. Para los agricultores españoles esta no es, sin embargo, una reivindicación prioritaria, ya que algunos cultivos como los herbáceos y el cereal llevan tiempo dejando tierras en barbecho para poder acogerse a la PAC. También se aviene a introducir limitaciones a la extensión del libre comercio con Ucrania para intentar aliviar a los agricultores de los países del este, que se han visto sometidos a una fuerte competencia. Otra de las reclamaciones de los agricultores franceses, la de que se revise el tratado de librecambio con Mercosur, presenta ventajas y desventajas para los productores españoles. Por una parte, plantea menos facilidades para exportar ciertos productos agroalimentarios, pero por la otra, garantiza que seguirán más protegidos otros sectores como la ganadería y los cítricos.