La Audiencia de Sevilla ha dado finalmente el paso y ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la causa de los ERE que estimó parcialmente los recursos de distintos altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, forzando una revisión de sus condenas. En su cuestión prejudicial advierte que estas resoluciones generan “un riesgo sistémico de impunidad” y piden la paralización de su aplicación en tanto no se resuelva por parte del TJUE si se adecúan a la legislación europea.
La cuestión prejudicial, en la que la Audiencia de Sevilla lleva meses trabajando, lleva al máximo nivel de tensión el choque entre la institución judicial provincial, que dictó las sentencias en la conocida como causa política de los ERE, y el Tribunal Constitucional que, con su habitual división interna, estimó parcialmente los recursos y anuló las condenas forzando una revisión de las sentencias que aún no se ha llevado a cabo aplicando una interpretación legislativa distinta que desvinculaba los delitos de prevaricación o malversación de la tramitación de proyectos de ley que fueron aprobados por el Parlamento.
La Audiencia, en su cuestión prejudicial, considera que hay “dudas” sobre la adecuación de las sentencias del Tribunal Constitucional al marco legislativo europeo por lo que rechaza su aplicación hasta que no no vengan avaladas por el alto tribunal de la UE. “Esta Sala no puede descartar que las sentencias del TC generen una interpretación desigual del derecho de la UE en materia de protección de los intereses financieros y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”, recogen los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
En su cuestión prejudicial, una medida sin precedentes que enfrenta a la Audiencia con el TC, los magistrados estiman que las sentencias del Constitucional “suponen una vulneración del principio de legalidad penal nacional y una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna repecto a los delitos relacionados con la corrupción”. Por este motivo, señalan que se genera “un ámbito de impunidad que habría de resultar incompaitible con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”.