La aprobación de los Presupuestos sigue lejos y el Gobierno no quiere dar pasos en falso. Es por ello que Moncloa ha renunciado a presentar una nueva senda de estabilidad con cambios hasta que no tenga garantías de sacar adelante las cuentas públicas. Al menos, un compromiso de que se superará la votación de las enmiendas a la totalidad. La intención es vincular ambas carpetas, algo que habitualmente rechazan los posconvergentes.
Fuentes de las negociaciones por parte del Gobierno muestran su disposición a ceder ante las reivindicaciones de Junts para modificar los objetivos de déficit y dar más margen fiscal a las comunidades autónomas. “Un esfuerzo” para que Cataluña, una de las comunidades más endeudadas, pueda aumentar su gasto, pero a cambio de encauzar la negociación de los Presupuestos. De lo contrario, se mantendría la misma senda, sin cambios, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre.
Junts ya unió sus votos a PP y Vox para tumbar esos objetivos de estabilidad cuando se llevaron al Congreso el pasado mes julio. Lo que sí se desvincula es el acuerdo para la condonación parcial de la deuda. Un compromiso de investidura con los independentistas y que se negociará de forma extensible para todas las comunidades autónomas que lo soliciten este mismo mes de enero, según el compromiso alcanzado en la última Conferencia de Presidentes. La intención del president de la Generalitat, Salvador Illa, es exigir la condonación del 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “La medida supondría reducir la deuda de Cataluña cerca de 16.000 millones y 1.500 millones de ahorro en intereses en los próximos años”, según la declaración conjunta firmada por el president con sindicatos y patronal.
Desde el Gobierno se marcan como plazo para presentar los Presupuestos este primer trimestre del año. No es una fecha cerrada y está condicionada a la evolución de las negociaciones, pero entienden que más allá de abril carece de sentido aprobar las cuentas para el año en curso. Los socialistas son optimistas porque entienden que la aprobación del paquete fiscal, uniendo los intereses de los socios del arco progresista y conservador, fue “un entrenamiento importante”. Con todo, admiten que con Junts “nunca se sabe”.
Aunque se supere la negociación más técnica, entienden que la decisión final de cerrar o no el acuerdo político y a qué precio corresponderá a la cúpula del partido liderado por el expresident Carles Puigdemont. Por otra parte, llaman la atención sobre el contexto de polarización y la pugna entre los propios socios de investidura y no dejan de poner el foco en el hecho de que ERC todavía debe redactar la ponencia política tras su congreso.
En este contexto, el Gobierno ha extremado la cautela y hasta preparado el terreno para asumir una hipotética prórroga de los Presupuestos. Por un lado, se defiende que no afectará a las políticas públicas por el crecimiento económico y porque las actuales cuentas son expansivas, garantizan el sostenimiento del Estado de bienestar y permiten absorber los fondos europeos. Por otro, se desliga la continuidad de la legislatura a su aprobación.
El salto de María Jesús Montero a Andalucía para liderar la federación socialista con más militantes no afectará a la negociación, según defienden desde su entorno. Además de que compatibilizará estas tareas orgánicas con sus responsabilidades en el Ejecutivo, las mismas fuentes subrayan que antes del congreso regional de finales de febrero se “empañará a fondo” para sacar unas nuevas cuentas públicas.
Compromisos pendientes y “escollos”
El Ejecutivo ya ha celebrado algunas reuniones para negociar los Presupuestos, aunque es consciente de que deberá avanzar en compromisos pendientes con Junts para iniciar con ellos conversaciones formales. Entre los asuntos pendientes destaca la transferencia de las competencias en inmigración, sobre las que se reconocen “varios escollos”. Otro de ellos es la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas.
En lo que sí se ha avanzado aprovechando el último Consejo de Ministros del pasado año fue en la desclasificación de los documentos del CNI sobre los atentados yihadistas en La Rambla y Cambrils en 2017. Este mes de enero también está prevista la celebración de una Junta de Seguridad entre la Generalitat y el Ministerio del Interior para que los Mossos asuman las competencias de seguridad ciudadana de puertos y aeropuertos.
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Pedro Sánchez se comprometió públicamente a reunirse con Carles Puigdemont ante la exigencia del expresident de aplicársele la “amnistía política”. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo coinciden en trasladar que nada hace presagiar que será inminente. Esta petición no estaría ahora sobre la mesa, y en cualquier caso se apunta que tendría más sentido esperar a que hubiese algún avance en la negociación para dar contenido a dicha reunión.