Los agricultores británicos siguen determinados a llevar sus protestas contra el Gobierno hasta las últimas consecuencias. La asociación National Farmers Union (NFU) ha convocado este sábado numerosas protestas en varias ciudades del Reino Unido para forzar al Ejecutivo laborista a dar marcha atrás en las subidas de impuestos anunciadas el pasado octubre, que incluyen un impuesto de sucesiones para las explotaciones agrícolas valoradas en más de un millón de libras esterlinas (1,2 millones de euros). Unos tributos que afectarán a un 75% de los agricultores y que pondrán en riesgo la capacidad de abastecimiento de alimentos en los próximos años, según la NFU.
[–>[–>[–>[–>Los agricultores llegan reforzados a las protestas de este sábado tras recibir el apoyo de las principales cadenas de supermercados. En una serie de comunicados emitidos esta misma semana, distribuidores como Tesco, Sainsbury’s, Lidl o Aldi han mostrado su “preocupación” por el impacto de esta medida a largo plazo, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones, y han pedido que se ponga en marcha una consulta pública antes de su entrada en vigor, prevista para abril de 2026. El movimiento de las principales cadenas, que juntas acaparan prácticamente el 100% de la cuota de mercado, ha puesto mayor presión sobre el Ejecutivo en un momento delicado para la economía.
[–>“Tenemos muy claro que algunas de las decisiones que tuvimos que tomar en el Presupuesto fueron decisiones difíciles que tendrán consecuencias, pero estamos decididos a trabajar con las empresas de todo el país para impulsar el crecimiento económico“, ha asegurado el secretario del Tesoro James Murray este jueves en la Cámara de los Comunes. “Estamos trabajando en colaboración con las grandes cadenas de supermercados para asegurarnos de que logramos este objetivo”, ha recalcado, en un intento de rebajar la tensión.
[–>[–>[–>
Negativa del Gobierno
[–>[–>[–>
A pesar de las buenas intenciones, el Gobierno británico no tiene previsto dar marcha atrás en la medida. Murray ha vuelto a poner en duda las estimaciones de la NFU, que apuntan a que el tributo afectará a tres de cada cuatro explotaciones, y ha señalado que un 40% del total de exenciones de impuestos recae actualmente sobre tan sólo un 7% de las propiedades. Algo que demuestra, según el Ejecutivo, que el nuevo gravamen afectará especialmente a las explotaciones más grandes. El Gobierno destaca, además, que las propiedades agrícolas sujetas a este impuesto seguirán pagando un 50% menos que el resto de propiedades.
[–>[–>[–>[–>La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunció el pasado octubre subidas de impuestos a las empresas y a las grandes fortunas por un valor estimado de 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros). Una decisión que el Ejecutivo laborista atribuye al “caos” en la gestión de los anteriores gobiernos conservadores y que considera necesaria para mantener los servicios públicos a flote en un momento de estancamiento económico.
[–>[–>[–>
Baile de cifras
[–>[–>[–>
En el caso del impuesto de sucesiones a las propiedades agrícolas, el Gobierno confía en recaudar 500 millones de libras anuales (600 millones de euros) a partir de 2030, pero la última previsión publicada por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en sus siglas en inglés) ha puesto en duda estas cifras. Según el organismo independiente, encargado de supervisar las cuentas del Ejecutivo, existen mecanismos que podrían evitar a los agricultores el pago del nuevo tributo. “Un mayor uso de otras desgravaciones, un mayor número de legados a organizaciones benéficas y la posibilidad de reducir el valor de las herencias serán probablemente los principales canales de comportamiento a medio plazo”, señala la OBR.
[–>[–>[–>
Los agricultores pretenden utilizar este argumento para ganar fuerza en las calles, mientras mantienen su amenaza de interrumpir las cadenas de suministro de alimentos si el Gobierno no escucha sus reclamaciones. Por ahora, las principales organizaciones agrícolas no están dispuestas a ceder, algo que ha puesto mayor presión sobre el primer ministro, Keir Starmer. La falta de alimentos en las estanterías es, posiblemente, uno de los escenarios menos deseados por un Ejecutivo necesitado de buenas noticias y con unos índices de popularidad en caída libre.
[–>[–>[–>
