La oficialidad del catalán en la Unión Europea no se discutirá en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE. El asunto había estado presente en todas las reuniones celebradas desde septiembre, sin embargo, no consta entre los temas a tratar en el próximo encuentro, que tendrá lugar el 29 de enero. El distinto criterio coincidiendo con el cambio de presidencia rotatoria. Los últimos seis meses recayó en España, que tenía un especial interés en su aprobación debido a los pactos entre el PSOE y los partidos independentistas, pero con el cambio de año cogió el testigo Bégica.
Sin embargo, que no esté en el orden del día de la próxima reunión no quiere decir que se entierre la cuestión. Esta es la interpretación que hace el Govern de la Generalitat, que considera que la cuestión está en el mismo punto que en diciembre pasado, cuando los veintisiete no tomaron ninguna decisión y lo aplazaron hasta tener todos los informes y estudios pertinentes. “Que no esté en el orden del día no es significativo”, apuntan fuentes del ejecutivo catalán, que también explican que la semana que viene el embajador de Bélgica tiene previsto viajar a Barcelona y reunirse con la consellera de exteriores, Meritxell Serret, y con otros departamentos.
Una reunión que, según las mismas fuentes, servirá para tratar “las prioridades de la presidencia belga” y también consideran que será “una nueva ocasión para abordar el tema”. Además, el ejecutivo tiene previsto también desplazarse próximamente a Bruselas para abordar la cuestión. En el Palau de la Generalitat son conscientes que no será “inmediato”, pero descartan con contundencia que esto sea “el final” de nada y aseguran que seguirán trabajando “con los grupos de trabajo, el ministerio y la presidencia belga”.
También desde Junts rebajan la importancia de que el asunto no se haya incluido en el orden del día. De hecho, consideran que sería “contraproducente” que estuviera en cada reunión y apuntan que lo importante es que se “resuelvan todas las preocupaciones de los estados, para que cuando esté en la agenda se pueda aprobar”.
Desde que el asunto se trató por primera vez en la UE, el pasado mes de septiembre, varios países han expresado otras dudas. Por un lado, están las políticas, ya que algunos estados miembros consideran que podría representar un precedente para que entraran otros idiomas. Pero también hay incertidumbre sobre lo que representaría a nivel económico, práctico y burocrático pasar de 24 a 27 lenguas oficiales, contando el catalán, el euskera y el gallego.
De momento, Bruselas ha cifrado en 132 millones de euros el coste de incluir estos tres idiomas. Sin embargo, la misma Comisión Europea asegura que se trata de una “evaluación preliminar” y explican que no podrán hacer un cálculo financiero más preciso hasta que el Consejo de Asuntos Generales de la UE adopte una posición formal. En su momento, el Gobierno también se ofreció a asumir directamente este coste para disipar dudas, pero no fue suficiente para conseguir la luz verde.