Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sorprendieron a Koldo García Izaguirre, el exescolta y exasesor del exministro José Luis Ábalos, en una reunión que mantuvo con el representante legal de una empresa contratista del Ministerio de Defensa y de Adif; y el guardia civil al que la Fiscalía califica como “pieza clave” en la trama, según especifica la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Nacional.
El encuentro tuvo lugar el 8 de febrero de 2023 en el restaurante asturiano de Madrid ‘La Chalana’. García Izaguirre se encontró con el empresario José Ruz Martínez, quien en los contratos públicos con Defensa y Adif -este último organismo público dependiente del Ministerio de Transportes- se identifica como representante de la firma ‘Levantina, Ingeniería y Construcción SL’, con domicilio social en Alberic (Comunitat Valenciana). Ruz Martínez no está investigado en el caso Koldo.
“Esta persona tiene vinculación con [el dueño del Zamora CF] Víctor Gonzalo de Aldama, with whom he would have maintained some type of business relationship through the company Lopera Activa SL, of which Mr. Ruz Martínez is the owner,” says the prosecutor in charge of the case, Luis Pastor, in relation to the businessman with whom Koldo García met.
16,5 millones
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De Aldama utilizó las empresas MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune para ingresar 5,5 millones de los contratos de las mascarillas. Por su parte, Juan Carlos Cueto, que está citado a declarar como investigado este miércoles, se valió de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para obtener 9,5 millones. La investigación judicial ha detectado un incremento patrimonial sin justificar de Koldo García Izaguirre, que dispone de bienes muebles e inmuebles con un valor de 1,5 millones de euros. En total, la trama habría ingresado más de 16,5 millones por las mordidas obtenidas gracias a los contratos de las mascarillas, según la Fiscalía.
La información aportada al juez Ismael Moreno por la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) indica que, entre los clientes de las empresas que De Aldama usó para cobrar las comisiones por las mascarillas, se encontraba la mencionada Lopera Activa, de José Ruz Martínez, representante de las firmas que también recibieron contratos por otros conceptos de Defensa y de Adif.
Al menos dos de estos contratos públicos concedidos a la firma Levantina, Ingeniería y Construcción SL se acordaron entre el 13 de junio de 2018 y el 11 de julio de 2021, el periodo de tiempo en el que Koldo García fue cargo público de Transportes; en concreto, asesor del ministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado. Dichos contratos fueron sometidos al procedimiento habitual de concurso, no siendo de adjudicación directa como los investigados en la trama.
Contratos públicos
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Uno de esos contratos, el suscrito con el Ministerio de Defensa, fue firmado en febrero de 2020 por el empresario que se reunió con Koldo García y un coronel de Intendencia por un valor máximo de 3,6 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo especifica que del mismo no se derivan obligaciones económicas para el Ministerio de Defensa. “Dichas obligaciones económicas serán exclusivamente las que resulten de los contratos que, basados en este acuerdo marco, se celebren por los órganos de contratación del Ministerio de Defensa“, dice de forma literal del documento, al que ha tenido acceso este periódico.
En mayo de 2021, con Ábalos de ministro y Koldo García como consejero de Renfe, Adif adjudicó un segundo contrato a Levantina Ingeniería y Construcción, con un presupuesto de 452.001 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trataba de las obras de ejecución del proyecto de mejora en un tramo ferroviario de la línea Soto de Rey-El Entrego, en Cercanías de Asturias.
Subteniente de la Guardia Civil
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En la mencionada reunión entre Koldo García Izaguirre y José Ruz Martínez también participó el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, quien según el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es una “pieza clave” en la gestión de los contratos investigados en el caso Koldo. En concreto, los investigadores atribuyen al guardia civil haber puesto en contacto al presunto cabecilla de la red corrupta, Juan Carlos Cueto, y al “comisionista”, Víctor Gonzalo de Aldama, con los responsables de la Administración Pública.
La vinculación detectada por el juez entre Koldo García y el guardia civil conecta, “de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios. Esta vinculación entre la adjudicación de los contratos, e inversión del dinero obtenido de los mismos, unido al incremento patrimonial del entorno de Koldo, revela esta relación personal entre ambas personas como de máxima importancia”, concluye Ismael Moreno en su auto.