El Gobierno quiere tener aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género antes de que termine febrero. No parece que vaya a haber problema alguno. PP, PSOE y Sumar -264 diputados de 350- están de acuerdos con el informe, que terminó de redactarse el pasado lunes y contiene más de 450 medidas. Sin embargo, varios de los socios del Ejecutivo muestran sus recelos con el texto, al considerar que es insuficiente y que debería ser más ambicioso para hacer frente a los retrocesos sociales impulsados por la extrema derecha.
Tras dos años de trabajo, PP, PSOE y Sumar acordaron el pasado lunes dar el visto bueno al nuevo informe y elevarlo a la Comisión de Igualdad para su aprobación. El texto, adelantado por EL PERIÓDICO, incorporar al marco jurídico la violencia económica, digital y vicaria y eleva el presupuesto total consignado de 1.000 millones a 1.500 millones. No obstante, varios de los socios del Gobierno consideran que se queda corto y lamentan que el PSOE no haya querido ir más allá.
En este sentido, fuentes de ERC muestran su disgusto ante la negativa de socialistas y populares a reconocer la totalidad de las violencias machistas, como la violencia obstétrica o la violencia institucional. “Para revertir todas las formas de violencia que las afectan, es imprescindible que el Estado las reconozca y actúe de manera proactiva para erradicarlas”, explican.
Además, critican que no se vaya a reformar la ley contra la violencia de género que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el objetivo de “modernizar la ley base y asegurar que incluya todas las nuevas formas de violencia que sufren las mujeres”. No obstante, las mismas fuentes sacan pecho de que el nuevo Pacto de Estado incluya la obligatoriedad de formación en perspectiva de género para toda la magistratura y que se estudie la posibilidad de que las víctimas no estén obligadas a separarse de sus animales de compañía cuando abandonan el entorno donde se produce la violencia.
El carácter “punitivista”
EH Bildu va más allá. Fuentes de la formación abertzale defienden que hay “avances” en el Pacto, pero que este se queda “muy, muy, muy corto“. En esta línea, aseguran que la lucha contra la violencia machista debería ser “de primera magnitud” y no con los “parches” que se van añadiendo. Así, las mismas voces apuntan que se debería exigir la educación sexual a todos los jóvenes, así como obligar la formación en violencia de género en todos los niveles de la administración pública.
Además, sostienen que entre las medidas pactadas existe un cierto punitivismo hacia las trabajadoras sexuales que la formación no comparte. Este punitivismo -el informe recoge la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de alguno ya existente- es otra de las cosas que echa para atrás a EH Bildu. Fuentes de la formación aseguran que no tienen decidido su voto final, pero avisan de que si finalmente lo apoyan será con el “ánimo del consenso“.
Todos los grupos podrán presentar los votos particulares que deseen hasta este jueves, los cuales serán debatidos el próximo lunes. No obstante, el entendimiento entre los partidos del Ejecutivo y el PP hace que sea difícil que se implementen alguno de estos cambios.
El “borrado” del trabajo
El texto también ha recibido respuesta de Podemos. Los morados comparten el contenido, pero reprochan la actitud del Gobierno a la hora de anunciar este acuerdo. La eurodiputada morada y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que el informe proviene de un pacto que se desarrolló durante su época en el ministerio. “Hay un borrado del trabajo que se hizo en la pasada legislatura. Debía de ser esto el borrado de las mujeres”, ha ironizado en CanalRed, antes de incidir en que este texto solo desarrolla lo ya acordado.
Pese a estos reproches de sus socios, los dos partidos del Gobierno han defendido el Pacto de Estado. “Esta es política con mayúsculas”, aseguró la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Senado, antes de reivindicar que se trata de un “día para la esperanza” a la vista de que las “diferencias” con el PP no impiden iniciar un nuevo camino. Por otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha sostenido que “es un buen acuerdo porque garantiza más medios y más presupuesto para la lucha contra la violencia machista”.