Labrado durante las últimas semanas de intensas negociaciones, mantenidas en absoluto secreto, el PSOE, ERC y Junts anunciaron este miércoles que han sellado por fin un pacto para aprobar la ley de amnistía. El acuerdo, que ya se daba casi por supuesto después de que todas las partes llevasen días exteriorizando su optimismo, incluye “cambios” en la norma para dar “más garantías” a los posconvergentes, que a finales de enero tumbaron la iniciativa al considerar que Carles Puigdemont, investigado por terrorismo dentro del proceso a Tsunami Democràtic, no quedaba del todo blindado.
Según fuentes de Junts y ERC, la modificación dejaría fuera el terrorismo, de manera que seguiría siendo no amnistiable, pero solo en la versión más estricta del término, no en las más amplias que también recoge el Código Penal. Así, la norma ya no mencionará esta ley española y se referirá solo a una directiva comunitaria y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tanto los actos que hayan causado intencionadamente muertes como las torturas continuarán estando excluidos. Ambas formaciones independentistas explican también que el ámbito temporal de aplicación de la ley se adelanta unos meses, del 1 de enero de 2012 pasa al 1 de noviembre de 2011, para incluir algunas de las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas. El nuevo texto, según los mismos interlocutores, recoge el informe de la Comisión de Venecia, que no puso grandes pegas a la amnistía, y hace algún cambio en la exposición de motivos.
Fuentes socialistas confirmaron poco después todos estos cambios. En el caso del delito de alta traición, del que también está acusado Puigdemont dentro de la investigación a la presunta trama rusa del procés, no será posible la amnistía cuando estos actos “hayan tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas”. Al mismo tiempo, continuaron en el PSOE, “se refuerza el régimen de los delitos económicos para aclarar que en ningún caso pueden ser amnistiados cuando haya habido enriquecimiento”. La norma, ya en su versión definitiva, es “impecablemente constitucional”, concluyeron los socialistas.
Los tres partidos se guardaron de desvelar en público el contenido de la modificación, que se sustanciará a través de una enmienda transaccional y se conocerá este jueves. A las 11 de la mañana se reúne la comisión de Justicia del Congreso que deberá aprobar el dictamen sobre esta iniciativa parlamentaria para elevarlo al Pleno, que a su vez dará luz verde, en principio la semana que viene, a la iniciativa. Entonces llegará al Senado, donde el PP, que cuenta con mayoría absoluta en esta cámara, tiene previsto retrasar su tramitación al máximo: en torno a dos meses.
“Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales”, se limitó a señalar el comunicado conjunto del PSOE, ERC y Junts.
Fue Pedro Sánchez el encargado de divulgar que el acuerdo incluía “cambios” en la ley. Durante una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje oficial a Brasil y Chile, recogida por la Agencia Efe, el presidente del Gobierno evitó ofrecer detalles sobre esta nueva modificación, pero no mostró ninguna duda sobre el futuro de la norma.
El líder socialista, en uno de sus momentos más convulsos tras los malos resultados en Galicia y la explosión del ‘caso Koldo’, ya cuenta con la certeza de que la medida de gracia será una realidad. El nuevo cambio legal irá en el sentido de reforzar la protección de Puigdemont, pero los socialistas se habían puesto aquí una clara línea roja. La inclusión sin condiciones del terrorismo entre los delitos amnistiables no es posible, decían, porque iría en contra del derecho europeo y sería tumbada por el Tribunal Constitucional.
A tres bandas
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Ahora, sin embargo, han encontrado un mecanismo que satisface a todas las partes. También a ERC, que estaba cómoda con la actual redacción de la ley pese a que su secretaria general, Marta Rovira, está siendo investigada por terrorismo en el Tsunami Democràtic. “La negociación ha sido a tres bandas”, explica un estrecho colaborador del presidente del Gobierno, muy consciente de la dificultad de alcanzar acuerdos con dos partidos, los republicanos y los posconvergentes, que compiten constantemente entre sí.
Sánchez, aún así, siempre ha defendido que la norma, sin los “cambios” que se dispone a llevar a cabo, ya protegía a Puigdemont. “Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas“, dijo a principios de febrero. Este miércoles, en el avión que le ha llevado a Brasil, volvió a expresar la misma idea frente a las dudas de Junts.
Esta nueva modificación supone dar un paso más en el camino que se inició hace un mes y medio. Los socialistas aceptaron entonces que el delito de terrorismo entrase dentro de la norma, pero solo en su versión menos cruenta: cuando no existiera “intención directa” de vulnerar los derechos humanos. Pero todavía falta por saber en qué consiste exactamente esta modificación, que será ya la definitiva. “Eso es secreto de sumario”, señalan en el entorno del presidente.
La “reconciliación”
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Horas después de su anuncio a bordo del avión oficial, ya en Brasilia y junto a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, Sánchez volvió a dejar sin contestar la pregunta de si el cambio afectaba al terrorismo. “Ya lo verán en la enmienda. Quedan pocos minutos, pocas horas para conocerla”, dijo tras volver a su discurso habitual sobre la norma: será constitucional, servirá para la “reconciliación” y “dejará atrás las consecuencias judiciales” del ‘procés’. Es decir, también las de Puigdemont, a quien no citó.
“Vamos a lograr un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para sacar adelante una ley importante y trascendente, que deja atrás todas las consecuencias judiciales de una crisis territorial y constitucional como nunca en la democracia española”, explicó el jefe del Ejecutivo.
Las paradojas
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A falta de conocer el contenido del acuerdo, el presidente del Gobierno se dispone a superar una nueva prueba. Todo es aquí paradójico. Junts, que insistió en un primer momento en que la ley que regula la medida de gracia tenía que estar aprobada antes de la investidura (es decir, en noviembre) para dar su voto a Sánchez, ha pasado estos meses defendiendo la necesidad de que la negociación transcurriera con “calma”, sin prisas. Y Sánchez, para el que la amnistía suponía en teoría un problema interno (tanto él como gran parte de sus ministros habían insistido antes de las elecciones generales del 23 de julio en que era “inconstitucional”), se agarra ahora a ella para tomar oxígeno en uno de las coyunturas más delicadas de su carrera al frente de la Moncloa, a raíz del ‘caso Koldo’, el primer gran escándalo de corrupción que afecta a su gobierno.
Frente a las críticas del PP, que intenta implicar sin pruebas al presidente en el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por parte de un estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos, y la sensación de debilidad interna tras las elecciones gallegas, en las que el PSOE cosechó su peor resultado histórico, Sánchez volvió a mostrar su seguridad en que agotará la legislatura. Más allá de los “bulos” de la derecha, dijo, todos los socios del Ejecutivo continúan garantizando la “estabilidad”. Los socialistas se preparan ahora para acelerar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. La amnistía, señaló el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, servirá para “tener un Gobierno que gobierne con tranquilidad”.