La Unión Europea (UE) ha abierto la puerta al uso policial del reconocimiento facial. Este jueves, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa que agiliza el intercambio de datos como las imágenes faciales de personas sospechosas entre los distintos cuerpos de policía de los Estados miembros, una medida que inquieta a las organizaciones de la sociedad civil.
Con una abrumadora mayoría de 451 votos a favor, los eurodiputados han dado luz verde a la ampliación del marco legal que hasta ahora ha permitido a los cuerpos policiales de la UE compartir datos de presuntos criminales y de delincuentes condenados como su ADN, sus huellas dactilares o las matrículas de sus vehículos.
La actualización del marco legal, conocida como Prüm II, permitirá que la policía también incluya en sus bases de datos las imágenes faciales de los sospechosos, así como sus antecedentes policiales. Esa información estará al alcance de la Europol, de los cuerpos de seguridad de los 27 y de sus agentes de aduanas.
Cuando se dé una coincidencia positiva entre los datos anteriormente mencionados, se permitirá compartir otros datos básicos de los acusados como sus nombres, fechas de nacimiento o el número de casos penales.
Agilizar las investigaciones policiales
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Hasta ahora, los intercambios de producían de forma bilateral. Si la policía española quería acceder a los datos de un sospechoso en Italia, por ejemplo, estaba obligada a gestionarlo con ese país. La nueva ley conectará todos los sistemas nacionales de la UE en una única base de datos centralizada, lo que facilitará las investigaciones transnacionales.
La nueva ley también permitirá el flujo de datos para otros casos como pueden ser la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de restos humanos o por catástrofes naturales siempre que la legislación nacional del país en cuestión lo autorice. Los Estados miembros tendrán la última palabra sobre qué datos comparten y también podrán optar por confirmar manualmente las coincidencias entre ADN, huellas e imágenes faciales.
Preocupación de las oenegés
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La Comisión Europea lleva años defendiendo que la ampliación de los poderes de la policía agilizará su lucha contra el crimen. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil han denunciado que “amplificará la extralimitación estatal y la vigilancia masiva” y que amenaza con causar “daños considerables” que pueden perjudicar con especial énfasis a los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad, como las personas migrantes.
En su comunicado, la Eurocámara asegura que el nuevo marco “incluye salvaguardias para el respeto de los derechos fundamentales”. Una de esas es que el intercambio de imágenes faciales se limitará a las investigaciones de delitos castigados con penas de prisión de al menos un año. Las oenegés discrepan. “Se está abriendo la puerta a la potencial criminalización de todos los ciudadanos europeos”, alerta Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política de European Digital Rights (EDRI), la mayor red europea de oenegés en defensa de los derechos y libertades en internet.