El Consejo General del Poder Judicial se dará una nueva oportunidad en el Pleno del próximo día 23 para cubrir las presidencias vacantes de las Salas de lo Penal y lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se consideran clave al ser las encargadas de investigar a los aforados y revisar decisiones del Gobierno, respectivamente. Es precisamente la trascendencia mediática y política de estos órganos lo que está lastrando estos nombramientos desde hace meses, y más desde que el último intento a principios del pasado mes de mayo terminara en rotundo fracaso debido a los vetos que cada sector planteó respecto a los candidatos de la parte contraria.
Este martes, la Comisión de Calificación del órgano de gobierno de los jueces acordó dar cuenta a la Comisión Permanente de que elevarán una nueva propuesta al Pleno señalado para el 23 de julio, cuyo contenido será idéntico a la que se estudió en mayo: la progresista Ana Ferrer y el conservador Andrés Martínez Arrieta, para la Sala de lo Penal; y un tándem similar, el de Pilar Teso y Pablo Lucas, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La novedad ahora es la caducidad de estas candidaturas, ya que de no alcanzar ninguno de ellos los 13 apoyos que exige la actual normativa, sus candidaturas decaerán y habrá que volver a convocar las plazas.
Fuentes del más alto nivel del órgano de gobierno de los jueces llevan días transmitiendo en diversos foros que esta vez esperan lograr el acuerdo necesario entre los sectores conservador y progresista, con 10 vocales cada uno, al que hay que sumar el voto de la presidenta Isabel Perelló. Por su parte, varios vocales consultados por EL PERIÓDICO confirman que las negociaciones entre ambos bloques están “en plena ebullición”, con el objetivo de sacar adelante los nombramientos pendientes antes de que termine el año judicial en curso.
El sector progresista apuesta para estos puestos por Ferrer y Teso y, además de resaltar su mérito y valía profesional, argumentan que el nombramiento de dos mujeres para estas plazas viene obligada por la Ley de paridad. Los conservadores se oponen a designarlas porque consideran que son las candidatas que impone el Gobierno, por lo que una solución plausible quizá pasaría porque cada sector renuncie su candidato en alguna de las dos salas para llegar así un acuerdo.
En cuanto a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, cuyos méritos tampoco son discutidos, se cuestiona lo cercano de la hora de su jubilación a los 72 años, lo que tendría como consecuencia que ninguno de ellos concluiría su mandato y ello resta eficacia a su proyecto. En todo caso, si se vuelve a producir un fiasco los conservadores salen ganando, pues tanto Arrieta como Lucas ejercen ya la presidencia en funciones, y quizá quieran llevar esta situación hasta la jubilación de ambos.
Candidatura con caducidad
En todo caso, se espera que esta vez sea la definitiva, porque de votarse de nuevo este asunto y no salir adelante, la convocatoria decaerá y habría que volver a convocar las plazas, según confirman a esta redacción varios de los vocales de ambos sectores consultados. De este modo, los actuales candidatos podrían replantearse si insisten en su objetivo o dejan paso a nombres nuevos. En fuentes progresistas se precisa si se pretende que Teso y Ferrer se echen a un lado la estrategia no funcionará, pues ambas tienen intención de seguir adelante con su candidatura.
CGPJ headquarters facade / Carlos Luján – Europa Press
Se tratará de la segunda vez que estos nombramientos se llevan a Pleno y se votan, y por ello otra opción ante la falta de acuerdo el día 23 podrá ser retirar este punto del orden del día y evitar así volver a tener que comenzar todo el proceso. En dos ocasiones anteriores — en febrero y abril– los nombramientos para la presidencia de la Sala penal y la Contenciosa figuraban en los asuntos a tratar en el orden del día, si bien finalmente fueron retirados ante la falta de consenso.
Otros vocales consultados no ven tan claro que esta vez las intenciones de Perelló lleguen a buen puerto: “Está por ver”, “Veremos”, “Es impredecible, en una negociación las dos partes deben estar dispuestas a ceder algo, no siempre la misma”, son algunas de sus respuestas a quince días de la celebración del Pleno.
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