Los vecinos afectados por las obras de la Línea 7B de Metro a su paso por el municipio madrileño de San Fernando de Henares han conseguido una importante victoria en su lucha para lograr una compensación más justa por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la capital, Jesús Torres, ha estimado el recurso presentado por uno de los damnificados y ha ordenado incrementar la indemnización concedida inicialmente, además de reconocer y cuantificar por primera vez el daño moral sufrido, algo que servirá de importante precedente.
La decisión de este juez se produce en espera de conocer la postura final que adoptará sobre varias de estas peticiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 26 de mayo comenzó a analizar las demandas de una treintena de vecinos. Por el momento han tenido que ser derribadas 73 viviendas, mientras que en torno a 600 presentan daños, según las organizaciones de afectados.
Los vecinos compensados hasta el momento por la Administración autonómica venían cobrando indemnizaciones de entre 150.000 a los 200.000 euros, un dinero que según los afectos resulta a todas luces insuficientes para comprar en el municipio una nueva casa con las mismas o similares características a la que perdieron. Tampoco se habían tenido en cuenta por la Comunidad los daños morales y las diferentes casuísticas de los vecinos que se vieron afectados por grietas y otros daños en sus viviendas a lo largo de varios años.
Reconocimiento de las tasaciones
Según señala a EL PERIÓDICO el presidente de la asociación de vecinos afectados, Juan Antonio Fuentes, la postura del tribunal superior aún tardará en darse a conocer unos meses, si bien la resolución dada a conocer este miércoles por el juez Torres abre una puerta a la esperanza. Es consecuencia de una demanda cuya vista se celebró el pasado mes de mayo por una plaza de garaje, cuyo objetivo principal era que “se reconocieran las tasaciones reales de las propiedades y el daño moral sufrido”, en este caso, por la pérdida de una plaza de garaje.
Aunque rechaza señalar el incremento de indemnización que se ha logrado, por no afectar a la privacidad del vecino que ha ganado la demanda, Fuentes asegura que se ha tasado la propiedad perdida en un 75% más de lo indemnizado por la Comunidad y se ha estimado el daño moral en un 25 por ciento de lo que se indemnizó a los que perdieron la vivienda. “Ello habilita a otros que vienen detrás para su reconocimiento”, apunta.
Los peritos que representan a los vecinos presentaron una tasación acorde al valor de mercado, mientras que la Comunidad de Madrid ofrecía valoraciones por debajo del mercado, con las que los afectados no estaban de acuerdo. Otro de los puntos de conflicto era el no reconocimiento del daño moral, algo especialmente grave en los casos donde, además de la vivienda, se perdieron otras propiedades.
Pero la resolución de este juzgado de lo contencioso les da la razón, ya que obliga a la Comunidad de Madrid a pagar la cantidad que el vecino exigía según su tasación y además reconoce y cuantifica el daño moral. “Se trata de un precedente muy positivo”, valora el portavoz de los vecinos.