La jueza María Isabel Durántez ha suspendido declaraciones de los tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid citados este lunes en calidad de imputados por su responsabilidad en la elaboración y aplicación de los protocolos de actuación en las residencias de ancianos durante la pandemia, los denominados protocolos de la vergüenza.
defensas alegan que no han tenido acceso previo a todas las actuaciones, por lo que este problema formal deberá solventarse y próximamente se volverá a citar al exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, Carlos Mur, y su sucesor en el cargo Javier Martínez Peromingo. También ha sido imputado el exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Burgueño.
Desde las 11 de la mañana, decenas de familiares de víctimas les esperaban a las puertas de los juzgados, portando pancartas alusivas a lo sucesivo con el número 7.291, que es el del número de muertes estimadas en los centros. Mur y Martínez Peromingo lograron eludir a los concentrados al entrar por otras puertas, pero Berrugeño tuvo que escuchar que le llamaran “sinvergüenza” cuando accedió a la puerta principal, donde manifestó: “Los familiares y las víctimas estamos en el mismo lado”.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, María Isabel Durántez, les imputó tras reabrir la causa instada través de una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
Mur fue director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del covid-19, conocidos como los protocolos de la vergüenza; mientras que Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado. Burgueño, por su parte, fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que, según las familias que impulsaron una denuncia colectiva, “incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo”.
La denuncia de origen
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Durante los últimos meses, varios familiares de fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid en la primera ola de Covid-19 han acudido a declarar ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido. El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva efectuada en octubre entre la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes, y las del Área de Móstoles (28), de Getafe-Leganés (15) y de Alcalá de Henares (13).
De los 53 denunciantes que correspondieron a la Fiscalía Provincial, 44 tenían una querella previa ya archivada, presentada en su día por los delitos de homicidio u omisión del deber de socorro, y otros cuatro tenían una querella por los mismos delitos que todavía estaba en fase de instrucción. Los otros cinco denunciantes no habían iniciado antes ninguna actuación judicial y la Fiscalía Provincial presentó denuncia ante el Decanato de los Juzgados correspondientes, según han informado las asociaciones.
En total, según las familias, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión de este delito de comisión de socorro. Algunos están aún pendientes de que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los Juzgados de Instrucción rechazasen investigar los hechos denunciados.