Abrir una negociación con el Gobierno siempre es complicado para el PP. Todas han pasado por crisis serias o se han frustrado del todo. Algunas han salido adelante tras un camino demasiado largo y lleno de espinas -el mayor ejemplo es el CGPJ- o se han resuelto sin sellar la paz, como el decreto con la subida de las pensiones. Y en todas ellas -sin excepción- ha habido debate interno entre los partidarios del diálogo, aunque también tuvieran dudas, y los que apuestan por dar un portazo.
El partido de Alberto Núñez Feijóo tiene ese dilema permanente: mantener una postura de Estado en los asuntos importantes o negarse a hablar con el Gobierno ante el riesgo de que otras negociaciones paralelas con sus socios -independentistas catalanes o la izquierda abertzale- se crucen en medio. Y en el real decreto ley de los aranceles, el primer texto del Ejecutivo que pretende dar ayudas a las empresas afectadas por la andanada de Donald Trump, ha ocurrido también.
Las conversaciones entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable del área en el PP, Juan Bravo, iban bien. Han sido días intensos, de intercambio de mensajes, papeles y propuestas. Los dos -funcionarios de carrera y con un perfil muy técnico- hablan el mismo idioma. Los conservadores se quejaban al principio de que el decreto era “insuficiente” y no incorporaba sus medidas. Pero lo que hizo estallar la desconfianza fue que Junts anunciara haber arrancado al Gobierno un 25% de los avales para las empresas catalanas. Cuerpo tranquilizó a Bravo asegurando que no había tal pacto y el diputado del PP confió y así lo trasladó a la dirección nacional.
Ahora, y a pesar de abanderar al sector del partido que defiende el diálogo por la crisis de los aranceles, en su entorno se percibe una decepción profunda. La sensación, dicen los conservadores, es que “se la han colado” y “le han engañado”. Incluso aunque algunos dirigentes reconocen que está por ver en qué se traducen las novedades que el Gobierno incluyó en el texto -que el Ejecutivo explica como puras aclaraciones- la convicción en que Cuerpo “debió avisar” a Bravo y no ocultarle las conversaciones con Junts.
En el PP se quejan de la disposición adicional segunda del real decreto ley que, en su opinión, introduce un criterio territorial para el reparto de ayudas y que, además, establece el año 2024 como referencia para calcular la exposición de las empresas. “Eso les permite ya hacer el cálculo y confirma que ha habido una negociación sobre las empresas catalanas”, resumen en el círculo más cercano a Bravo. “Es decir, que sí lo han negociado y pactado”, rematan.
En el otro lado está el sector más duro del PP que con estos mimbres no ve posibilidad de seguir negociando. Que piensa que los antecedentes en otras negociaciones en esta legislatura y la anterior prueban que al final los socios parlamentarios de Sánchez acabarán distorsionando el acuerdo y los populares quedarán como “los engañados”. Y en ese terreno Vox saldrá ganando también. Algunos diputados no escondían esa reflexión el miércoles en el Congreso y así lo recibió también Bravo: “Ya le han engañado a él también”, repetían.
El PP aspiraba a una negociación de tú a tú con el Gobierno, precisamente por la dimensión de la crisis. Porque este asunto, dicen, trasciende a todo lo anterior. Y porque no está encima de la mesa un asunto doméstico, sino la afectación a empresas españolas, pero también a toda Europa y a la necesidad de responder a un terremoto mundial que puede cambiarlo casi todo. También asumen los conservadores que esta negociación con Carlos Cuerpo puede ser la primera de muchas, porque esto no será algo coyuntural, sino estructural.
Y por eso su propuesta -la que explicó Feijóo el lunes- en realidad, no es para el real decreto ley de inicio, sino un plan a medio plazo en el que todo se resume en la competitividad de las empresas si quieren reinventarse y sobrevivir al nuevo escenario. Hay medidas fiscales concretas para este decreto y algunas otras propuestas para lo inmediato. Pero la idea era abrir una negociación mucho más duradera, que ahora para un sector importante del PP se ha frustrado del todo.
“La decisión la tiene que tomar Feijóo”, reconocen dirigentes de las dos posturas, asumiendo que la posición negociadora de Bravo ha perdido peso. También él desconfía ya del Gobierno para continuar como hasta ahora. De hecho, el responsable económico del PP cambió su intervención prevista para la comparecencia del ministro a lo largo de la mañana del miércoles. Lo ocurrido con Junts y los cambios del decreto hicieron que modificara el mensaje para endurecerlo y lanzar una advertencia: “Si empiezan a hacer juegos políticos con el futuro de las empresas nos iremos de las negociaciones”.
El PP espera un gesto del Gobierno para recuperar la confianza. En este momento el debate interno ha vuelto a resurgir. Y todos esperan la decisión de Feijóo.