El juicio por la adjudicación de la mina de Aználcollar arranca este lunes 3 de marzo con un total de 16 personas procesadas, entre ellos personal técnico y funcionario de la Junta de Andalucía, y un calendario de 40 sesiones. Una década después de que se iniciara la investigación judicial, el yacimiento llega al inicio de esta causa sin que la Junta de Andalucía haya tramitado como tenía previsto los permisos para que se pudiera poner en marcha de nuevo.
El proceso, que se inició hace una década, tiene como una de sus piezas claves el informe de la Fiscalía que ha pedido en repetidas ocasiones el archivo de la causa y la petición de absolución de las 16 personas investigadas al entender que no hay indicios de delito en la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis. El informe descarta que haya indicios de trato de favor o de cohecho. Tampoco el informe de la Guardia Civil, tras analizar toda la documentación detecta indicios de una conducta delictiva.
La defensa aporta también como documentación básica en la instrucción los informes del jefe de Servicio de Industria y Minas o de la Intervención General de la Administración del Estado que avalaron el procedimiento llevado a cabo para la adjudicación de la mina Los Frailes.
La acusación particular
La acusación particular que ejerce Emérita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados posibles delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental.
La sociedad Andalucía Mining, parte también de la acusación, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles “daños y perjuicios” ocasionados en 7.195.426 euros.
La sección tercera de la Audiencia de Sevilla tiene reservados los días 3 y 4 de marzo para las cuestiones previas, mientras que la declaración de los tres primeros acusados tendrá lugar el 31 de marzo. El resto lo harán el 1,2 y 7 de abril, salvo los tres últimos procesados que están ya programados para el 25 de junio. De esta forma, el juicio debe estar concluido entre el 30 de junio y el 8 de julio cuando están previstas las últimas sesiones.
La causa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.
La magistrada Patricia Fernández acordó el 4 de noviembre de 2021 la apertura de juicio oral contra 16 personas, entre ellas, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio, además de los funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso. A los acusados se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.