La urgencia para adquirir mascarillas durante la pandemia con el objetivo de conseguirlas con la máxima celeridad llevó a la Administración a quitar cualquier filtro de seguridad a la hora de adjudicar contratos públicos. De esa forma Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, no tuvo problema para facilitar la entrada en Puertos del Estado, Adif o la Subdirección General de Gestión Económica del MInisterio de Transportes a una persona para la que la fiscalía pide nada menos que 50 años de cárcel. Para colmo lo hizo con una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que ya aparecía en ese procedimiento: el seguido por la presunta venta irregular de armas de la empresa semipública Defex a Angola.

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