La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la recusación del juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el ‘caso Volho’ y la presunta trama rusa del ‘procés’. La recusación fue solicitada por el abogado Gonzalo Boye, que defiende a Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, a raíz de la entrevista que la televisión pública alemana SWR efectuó al magistrado tras dictar un duro auto por el que prorrogaba la investigación sobre los contactos en 2017 entre dirigentes independentistas, entre ellos el mismo Puigdemont, y supuestos enviados de Rusia. Una de ellas, celebrada un día antes de la declaración unilateral de independencia,
El fiscal considera que no concurre la causa de recusación alegada por la defensa de Alay sobre el “interés directo o indirecto en el pleito o causa”, por lo que solicita que se inadmita el incidente de recusación a limine, dada su absoluta falta de consistència. El letrado solicitó el pasado 1 de febrero la recusación en tres piezas del ‘caso Volho’. Días después, fue inadmitida por falta de requisitos formales y se volvió a presentar, segú fuentes de la fiscalía. Será la sección 21 de la Audiencia de Barcelona quien deberá resolver.
Pesquisas en marcha
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El juez de Barcelona Joaquín Aguirre dictó el pasado 29 de nero una resolución en la que impulsa la investigación sobre la presunta trama rusa del proceso independentista catalán e implica, entre otros, al exrresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní, hasta hace poco estrecho colaborador del expresident en Waterloo y pieza clave en la estructura financiera organizada en Bélgica a través de una cuenta en Alemania. Las fuentes judiciales apuntan que podría haberse cometido un delito de alta traición o contra la seguridad nacional (injerencia de un país extranjero), que no estaría incluido en la amnistía.
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Tras revisar la “abundante documentación” que hay en la causa, el magistrado asegura haber hallado datos que confirmarían las “estrechas relaciones” de algunos de los investigados con “individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana”, alguno de los cuales ocupaba cargos diplomáticos y tenía “relaciones con los servicios secretos rusos” e, incluso, con miembros de partidos de extrema derecha en Italia y Alemania. El interés de los investigados, recalca el juez, era establecer vínculos de “influencia política y económica” con una hipotética Catalunya independiente, lo que desestabilizaría a la UE.