El Gobierno llevaba días afirmando que no admitiría enmiendas de Junts o ERC fuera de las pactadas en la ley de amnistía. Y, al final, en la comisión de Justicia terminó llegando a un acuerdo en los términos que pedía el partido de Carles Puigdemont para reformular el perdón de los delitos relacionados con terrorismo “siempre que hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. La respuesta del PP fue, en línea con el endurecimiento del discurso de estos días, llegar a afirmar que el Gobierno se sitúa “fuera de la democracia” al “pactar con terroristas y atacar a los jueces”. La frase del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, fue taxativa. Casi al mismo tiempo Esteban González Pons aseguraba desde Barcelona que “el cáncer del Estado de derecho es el Tribunal Constitucional”.
A lo largo de la tarde ningún dirigente de peso salió a replicar las palabras del vicesecretario del área institucional del PP y persona de confianza de Feijóo también en las relaciones internacionales. Al contrario. Dirigentes del partido mostraban sorpresa al ver que González Pons había llegado a sugerir que el partido podía plantearse dejar de recurrir al Tribunal Constitucional: “Que a nadie le sorprenda”, dijo en un coloquio del Círculo Ecuestre.
Cuatro horas después en Génova daban marcha atrás a esas palabras, asegurando que Pons quería “retirar” esa comparación y “disculparse” con las personas que sufren esa enfermedad. “En el PP sí sabemos reconocer un error”, zanjaban.
El propio Feijóo tenía a la misma hora un acto que homenajeaba al exdirigente del PP asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, en compañía de Isabel Díaz Ayuso. No se refirió en ningún momento a las palabras de Pons y mencionó la amnistía una sola vez al hablar de los “pactos indignos” del Gobierno.
La sensación de descontrol en los mensajes del PP en un día clave para la tramitación de la ley de amnistía fue total. Más aún teniendo en cuenta el interés del partido en centralizar toda su estrategia política, como publicó El Periódico de España, del grupo Prensa IBérica, ante el inminente ciclo electoral y la necesidad de evitar riesgos a toda costa. Tanto es así que el propio Tellado insistió a sus diputados y senadores la semana pasada a puerta cerrada en una reunión de los grupos parlamentarios que debían evitar hablar con la prensa fuera de los canales establecidos de manera oficial, y que no es momento de “lucimientos personales” sino de trabajar a favor de Feijóo.
La centralización de ese mensaje y el hecho de que Génova pilote en todo momento la estrategia no impidió el patinazo de un vicesecretario clave sobre un asunto todavía más capital. Las críticas al Tribunal Constitucional por parte de Feijóo y la dirección nacional llevan tiempo sucediéndose. Sobre todo, tras la incorporación del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo del Gobierno Laura Díez como magistrados, o desde el momento en que Cándido Conde-Pumpido llegó a la presidencia. El hecho de que todas las resoluciones tengan el mismo resultado (7-4) es otro de los reproches recurrentes dentro del PP.
Pero lo que Pons expresó en Barcelona este martes, que el PP se planteaba dejar de acudir al TC cuando la hoja de ruta reiterada por el presidente nacional ha sido “agotar todas las vías” y “utilizar todos los instrumentos a su alcance”, por supuesto incluyendo el recurso de inconstitucionalidad, descolocó a buena parte de la formación.
“El día en el que el Gobierno vuelve a saltarse todas sus líneas rojas nosotros salimos con esto”, se lamentaban algunos diputados. En la dirección nacional también reconocían el “desacierto” en cómo terminó la jornada.
Algunos parlamentarios recordaban, precisamente, la insistencia de Génova en tomar las máximas precauciones, coordinar en todo momento los mensajes y que lo único que saliera de las filas del PP es una crítica sincronizada hacia Sánchez. Y, en cambio, además de la dureza de los principales dirigentes, el día terminó con González Pons rectificando.
Precisamente, el PP ha hecho de la “degradación institucional” del PSOE su principal bandera de la oposición. En este momento, especialmente por los señalamientos de miembros del Gobierno a los jueces. Y en su comunicado, Génova tenía que insistir en que una de sus principales funciones es “preservar el máximo respeto a las instituciones”.
Por eso, continúan en Génova, “por mucho que el PSOE las manosee, ninguna institución democrática puede darse por superada o considerarse inservible”. Y añadían: “No cooperaremos al desprestigio institucional que genera Sánchez con sus actos. Iremos al TC”. Como publicó este diario, entre otras cuestiones, el PP considera que el informe de los letrados adscritos a la Comisión de Justicia de hace días puede ser “clave” para su propio recurso de inconstitucionalidad y futuras decisiones en Europa.