Mucho ha pasado desde que Luis Roldán, aquel que fuera director general de la Guardia Civil y afiliado al PSOE, se entregase a la policía en el aeropuerto de Bangkok tras un año de fuga asiática. Los más de 2.000 millones de pesetas que se había llevado de las arcas públicas opacaron -y no era para menos- otra mentira: Roldán ni era ingeniero industrial ni licenciado en Empresariales, como presumía. A duras penas había terminado el bachillerato. Luego, ya en la cárcel, estudió Ciencias Políticas y Sociología. Pero bien hubiera hecho la clase política de entonces si hubiera tomado nota de aquel engaño que quedó en un segundo plano, la falsificación de un currículum que, 30 años después, sigue teniendo sus réplicas ante el escaso control por parte de partidos e instituciones.
Y es que, como si cada verano llegase acompañado de una polémica que estirar en los días de calor, este 2025 la lupa está puesta en los políticos que hinchan sus currículums, aun sin necesidad. Noelia Núñez (PP) fue la primera, hace dos semanas, y por el camino han caído José María Ángel (PSPV) e Ignacio Higuero (exdirigente de Vox). Pero, ¿por qué es tan fácil alterar el relato sobre su trayectoria?
Sin mecanismos para actuar
En un intento por ampliar la transparencia de las instituciones, desde los ayuntamientos al Congreso, pasando por los parlamentos autonómicos, se publica el currículum de sus cargos públicos. No está de más que la ciudadanía conozca qué han hecho aquellos que toman las decisiones en representación suya. Sin embargo, actualmente no existe ningún mecanismo para que las instituciones puedan comprobar si los datos son correctos. Es más, en el Congreso ni siquiera existe un modelo unificado para presentar los datos y tan solo deben firmar una declaración responsable, comprometiéndose a que la información es veraz.
En las distintas fichas de los diputados se puede encontrar aquellos que indican el instituto en el que estudiaron el bachillerato, la universidad en la que cursaron una u otra carrera, su estado civil y hasta el número de hijos. Y, también, todo lo contrario. “Licenciado/a en derecho”, sin más datos, se puede leer en la ficha de más de un parlamentario. Eso sí, ni rastro de aquella transparencia de Marcelino Camacho: “Fresador. Estudios Primarios para ingresar a continuación en ferrocarriles”.
Distinta es la situación para los altos cargos del Estado, desde el presidente del Gobierno a todos aquellos que sean nombrados por el Consejo de Ministros, que según la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado están obligados a presentar el currículum y todos los documentos oficiales que lo acrediten si lo solicita la Oficina de Conflictos de Intereses.
Escasas obligaciones
El escaso margen de maniobra de las instituciones, que ni siquiera disponen de un régimen sancionador para aquellos que mienten, contrasta con las distintas políticas que se dan entre los partidos. El PP, por ejemplo, deja claro que todos sus miembros que ocupen un cargo público u orgánico deben suscribir una Declaración de Idoneidad en la que se debe manifestar “la debida formación y experiencia en la materia para la que hayan sido elegidos” y “la veracidad de los datos suministrados, y que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita“. Aun así, esto no implica que se produzca ninguna comprobación automática de dichos datos.
Los estatutos del PSOE son más laxos en este sentido. Los socialistas exigen que todos los candidatos en listas socialistas presenten una declaración de bienes y actividades y estipulan como infracción muy grave el aportar información falsa. Eso sí, nada dicen sobre si estos tienen la obligación de registrar sus currículums o los títulos que los corroboren. Y el resto de formaciones, como máximo, exigen esa misma declaración de bienes y actividades, sin que ninguna otra haga referencia a la necesidad de demostrar la experiencia anterior de sus afiliados.
Los tres casos
Y con estos mimbres, tan solo en las últimas tres semanas, tres políticos que se han visto obligados a dimitir por mentir en sus currículums. La primera fue Noelia Núñez, que daba a entender que había acabado las carreras de Derecho, Filología Inglesa y un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Le siguió el comisionado del Gobierno para la dana y afiliado al PSPV, José María Ángel, que aseguraba tener una diplomatura en Archivística y Biblioteconomía, algo que se parece falso y que pudo aprovechar para acceder a la función pública.
El último, al menos por el momento, es Ignacio Higuero de Juan, exdirigente de Vox y ahora ya exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, un puesto que ocupaba dentro del Gobierno del PP. No obstante, en los últimos días se han puesto nuevos nombres sobre la mesa por cambios en sus currículums, así que está por ver si la lista, al final del verano, acaba engrosándose.
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