Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ha declarado este jueves, como investigada, en la segunda causa penal abierta contra ella por presunto fraude fiscal de 6,1 millones de euros (con los intereses 6,6 millones), según ha delantado el País y confirmado EL PERIÓDICO. Ha sido una declaración por videoconferencia desde Miami que apenas se ha prolongado media hora, la cantante colombiana, que ya condenada a tres años de prisión por no pagar impuestos por 14,5 millones, ha defendido su inocencia y ha negado la tesis de la fiscalía de que defraudó seis millones de euros en 2018 mediante una estructura societaria. Según algunas fuentes, la artista ha vuelto a atacar a la Agencia Tributaria, al que ya acusó con anterioridad de haberle presionado. Eso sí, a pesar de ello y para reducir una eventual condena, la artista de Barranquilla se apresuró, tras la presentación de esa segunda querella, de depositar los 6,6 millones de euros que le reclama.
La defensa de Shakira ya intentó en el acuerdo con la fiscalía y la Agencia Tributaria para eludir la cárcel (se le pedía ocho años de prisión) que se incluyera este segundo proceso judicial. Es decir, intentó hacer un pacto global, a los que la acusación pública se negó, según fuentes cercanas a la investigación. Por esta razón, se ha seguido instruyendo en un juzgado de Esplugues de Llobregat, población en la que vivió con el futbolista Gerard Piqué, el segundo proceso judicial contra ella por el presunto fraude a Hacienda durante el ejercicio 2018. Pero esta vez, no se ha tenido que desplazar a España, por lo que no se descarta que llegue de nuevo a un acuerdo, aunque la defensa apuesta por el archivo de la causa.
Empresa en Luxemburgo
[–>
La Fiscalía de Barcelona acusa en su nueva querella a la cantante Shakira de haber defraudado a la Agencia Tributaria 6,1 millones de euros en el ejercicio de 2018 y, por esta razón, le atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública. Con los intereses de demora, la deuda alcanza los 6,6 millones de euros. La acusación pública sostiene que la artista colombiana se aprovechó de un “entramado societario”, con una empresa radicada en Luxemburgo, para no pagar impuestos en España. En estas operaciones también participaron compañías en España, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá y Liechtenstein.
La querella relata que Shakira (residía en 2018 en Esplugues de Llobregat), al ser residente en España “estaba obligada”, incide la querella, a presentar las declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el Impuesto de Patrimonio por el total de sus rentas a nivel mundial, con independencia del lugar donde se hubiera producido el trabajo o la residencia del pagador. La fiscalía sostiene que la cantante, “movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y dejar de ingresar en las arcas del Estado que le correspondía, de manera consciente y voluntaria” presentó declaraciones “inveraces” ante Hacienda, omitiendo datos sobre sus ingresos y “deduciendo gastos que no procedían”. De esta manera, consiguió, a su entender, reducir el importe a ingresar en la Agencia Tributaria Estatal y de Catalunya.