Las jornadas de violencia vividas en Torre Pachecono son consecuencia de ningún conflicto entre vecinos, aunque uno de ellos sufriera una agresión. El autor de aquel suceso vive en Cataluña y quienes provocaron los altercados son grupos de ultraderecha movilizados desde el exterior. Es lo que se desprende de las concentraciones racistas que se han ido celebrando en el municipio desde la semana pasada y de las detenciones producidas.
Radical groups face Civil Guard agents at dawn on Saturday 12 in Pacheco Torre. | Iván J. Urquízar
“Nos encontramos en un contexto nacional de crecimiento de ciertos grupos de neonazis que toman a los inmigrantes como los culpables de problemáticas sociales que son propias de nuestro tiempo“, señala la profesora titular del departamento de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) Natalia Moraes.
No obstante, los disturbios sí que han puesto el foco en la falta de políticas inclusivas en la zona. “Murcia es una de las comunidades donde existe mayor desigualdad y donde hay una tasa mayor de pobreza infantil a pesar de haber una población extranjera muy asentada”, explica. Esta absorción, sin embargo, no ha ido acompañada de políticas sociales. “El problema es que, cuando pensamos en integración, se nos presentan políticas dirigidas solo a la población inmigrante”, indica Moraes, que reclama “medidas públicas que atiendan a esa nueva realidad, centradas en la educación, la salud y los servicios públicos”.
La población de Torre Pacheco alcanza los 41.684 habitantes. Hace treinta años eran la mitad. De ellos, 11.927 residentes son extranjeros no comunitarios, a los que se suman 977 ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea. O sea, más del 30% son migrantes.
Elena Gadea, también profesora de Sociología de la UMU, conoce el municipio del Campo de Cartagena porque estuvo trabajando allí hace casi veinte años en un estudio financiado por la Mancomunidad del Sureste sobre población extranjera. “Recuerdo en aquellos años que el problema principal era de infraviviendas porque no había suficientes inmuebles para los migrantes y muchos de ellos tenían que vivir en muy malas condiciones.
Se hizo un esfuerzo grandísimo con toda una red de mediadores. También se ponía mucho el foco en tener mediadores sanitarios porque muchos inmigrantes empezaban a reagrupar a su familia o habían formado familias en el municipio. Había toda una política que hizo que la situación mejorara mucho. Después, esa política se ha abandonado“, explica la profesora.
Fue la crisis financiera de 2008 la que supuso un duro revés para las políticas públicas y, a la vista está que aún no se han recuperado todas. De hecho, el último Plan de Integración Social de la Región se desarrolló entre los años 2006 y 2009. “No es que no exista una política de integración, sino que no hay políticas sociales para todos; como de vivienda, de empleo y de igualdad”, añade.
Lamenta especialmente que se esté poniendo mucho el foco en los jóvenes migrantes o de padres migrantes cuando estos “se enfrentan a los mismos problemas que el resto de jóvenes de la Región”. Gadea se refiere a empleos precarios, falta de empleo, imposibilidad de acceder a la vivienda y de independizarse. “Existe toda una realidad que afecta a todos, que les afecta a ellos y afecta a jóvenes de otros orígenes”, insiste.
Su compañera Moraes rechaza la idea de que la respuesta a cualquier problema sean políticas punitivas o de seguridad. “Es como querer tapar el sol con un dedo. Si existiera, que los datos no lo indican, un problema de delincuencia en un determinado territorio, esa inseguridad la viven tanto los nacionales como los extranjeros”, recuerda la profesora de la UMU. En definitiva, “lo necesario es que se desarrollen políticas que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos”, resalta, empezando por la educación para evitar la segregación escolar.
Por este motivo, cuando le hablan de problema de integración, ella plantea que “lo que hay es un problema de desigualdad“, ya que los conflictos tienen que ver con la pobreza y la imposibilidad de determinados grupos sociales de progresar laboralmente, algo que ocurre en el Campo de Cartagena entre la población migrante. “El hecho de ser la huerta de Europa no puede explicarse sin el trabajo de hombres y mujeres que llevan décadas trabajando en esta Región”, subraya.
Políticas públicas regionales
Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad señalan que las actuaciones en materia de integración que desarrolla la Comunidad están dirigidas a todas las personas en situación de vulnerabilidad, sin distinción de nacionalidad, raza o cualquier otra condición o circunstancia. Destacan los programas de empleabilidad, mediante los cuales se desarrollan itinerarios individualizados, que incluyen acciones formativas y orientación laboral.
A través de la línea específica de inclusión social que incluye la convocatoria del IRPF, la Comunidad financia proyectos desarrollados por las entidades del Tercer Sector. Por último, también existen proyectos de participación comunitaria dirigidos a entidades locales.
Por el contrario, Comisiones Obreras denuncia que “no se está haciendo nada en la Región de Murcia”. A Teresa Sancho, responsable de Política Social y Juventud de CC OO Región de Murcia, la inacción del Gobierno regional de la que habla “es muy preocupante porque afecta a una población cada vez más creciente que, además, nutre de mano de obras a sectores muy importantes como el agroalimentario”.
La labor del sindicato es tratar y defender a los trabajadores, sea cual sea su condición, ofreciéndoles, al menos, asesoramiento laboral. Pero va mucho más allá. “Nos han llegado personas que están siendo explotadas en el campo e, incluso, seguimos muy de cerca el caso de las mujeres que fueron víctimas de violación allí en Torre Pacheco“, indica.
Las políticas públicas integrales deberían partir de las administraciones, pero “hay un vacío total que, solo en algunas ocasiones, suplen las oenegés, añade.
Sancho echa en falta políticas sociales destinadas a evitar la formación de guetos en los municipios, tales como la enseñanza del idioma o programas de acceso a la cultura. Se trata de acciones que están lejos de llevarse a cabo, remarca, cuando a la vista está la aprobación de los presupuestos con Vox el próximo miércoles. Para ella, “si la Administración toma conciencia y hace políticas de inclusión, podremos tener una convivencia pacífica y no una en la que los vecinos no se conocen”.