El Gobierno daba por descontada la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo para apreciar indicios de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic por la que, entre otros, se investiga al expresident Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. “Ninguna sorpresa”, trasladan fuentes de Moncloa, al mismo tiempo que minimizan el valor de este posicionamiento porque se trata, dicen, de “un órgano consultivo”. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en público en negar la existencia de terrorismo durante el ‘procés’.
Las mismas fuentes de Moncloa advierten que “la decisión final es de Fiscalía”, dando a entender que el criterio avalado por 12 fiscales frente a tres podrá ser corregido. Concretamente, dependerá de la número dos de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, quien será la encargada de redactar un nuevo dictamen fiscal para contestar al requerimiento de la Sala Segunda sobre la exposición razonada elevada por el juez Manuel García Castellón.
La Junta de Fiscales del Supremo lo que ha hecho es rechazar el informe del fiscal al que le había correspondido por reparto el asunto en el Supremo, Álvaro Redondo, que en un primer borrador era partidario de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Puigdemont por terrorismo, pero finalmente apostó porque lo que se debía informar al alto tribunal era para que instara a García Castellón a seguir instruyendo al ver demasiado abiertos los indicios que presenta contra él y contra el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros su “máximo respeto” a la decisión de los fiscales, pero poniendo en valor la ponencia del fiscal encargado “que entiende que no concurre terrorismo en la causa de Tsunami”. Asimismo, ha incardinado dentro de la normalidad “el debate jurídico” en la Junta de Fiscales, para concluir que “de acuerdo a los estatutos orgánicos del Ministerio Fiscal la decisión definitiva habrá de adoptarse por órganos y criterios jurídicos que se han expuesto”.
En esta línea, la también ministra de Educación y Deportes ha vuelto a incidir en que la “decisión final” la adoptará el Ministerio Fiscal. “Esta decisión no es la decisión última”, ha subrayado para deslizar la confianza en un cambio de criterio que comparten fuentes de Moncloa respecto a su tesis de que la causa de Tsunami conllevará un delito de desórdenes públicos, pero no de terrorismo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intentado rebajar la tensión y ha mostrado el “respeto” del Gobierno “a cualquier decisión del Ministerio Fiscal y, por supuesto, a cualquiera que tomen los tribunales”. A su llegada al Senado, donde el Gobierno se va a someter al control de la oposición, Bolaños no ha querido entrar en el fondo de la cuestión y ha dicho que “lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta”.
Margarita Robles, actual ministra de Defensa y que fue jueza del Tribunal Supremo (2004-2016), también ha incidido en subrayar la “normalidad democrática” y que “cada organismo” tiene que dar opinión, aunque ha añadido la idea de que es el “poder legislativo el que dicta las leyes que aplican jueces y fiscales”. “Dejemos trabajar a todos los organismos y que finalmente sea el poder legislativo el que dicte las leyes que obligan a todos”, ha repetido en dos ocasiones.
Plazos de instrucción
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La tramitación de la ley de amnistía depende en buena medida de esta causa, pues Junts quiere ampliar el perímetro de la norma para blindarse ante posibles condenas por terrorismo y el Ejecutivo cierra esta puerta. Los socialistas consideran que la inclusión del terrorismo sería inconstitucional y no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional ante los recursos ya anunciados por PP y Vox. Su posición de no enmendar la norma, insisten desde el Gobierno, es firme, al igual que tampoco tocarán el Código Penal para ajustar la definición de terrorismo.
[–>La única cuestión sobre la mesa que están debatiendo con Junts para buscar una salida que salve la ley de amnistía tiene que ver con acortar los plazos de la instrucción judicial mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim). Una reforma que se justifica para garantizar que se aplique la medida de gracia a todos los dirigentes del ‘procés’ y mantener sin cambios el texto. En el caso de la investigación de Tsunami Democràtic por indicios de terrorismo, la última prórroga vencería en junio. El Gobierno calcula que la ley de amnistía se aprobaría entre los meses de abril y mayo.