El Gobierno ultima la reforma de la ley sobre financiación de partidos para llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros. Se trata de una de la treintena de medidas incluidas en el plan de acción por la democracia y que el Ejecutivo busca ahora priorizar. Fuentes de Moncloa explican que al ritmo actual de los trabajos “no tardará” en aprobarse con el objetivo de “regular mejor” y endurecer las sanciones.
Según el borrador del plan anual normativo para 2025 en el que se incluye esta reforma, al que ha tenido acceso este diario, la intención pasa por “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada” ante el Tribunal de Cuentas. Promovida por el ministerio de Interior, el Gobierno busca el visto bueno del Congreso para dar margen a su aplicación antes de las próximas elecciones generales. Al tratarse de una ley orgánica, requerirá de todos los informes preceptivos y una tramitación más larga, además de una mayoría absoluta de la Cámara.
Los socialistas ponen el foco en Vox y casos como su presunta financiación por un banco extranjero. Concretamente, del húngaro Magyar Bank Holding (MBH) que, según ha llegado a denunciar Pedro Sánchez desde el Congreso, “tiene como mayor accionista a una firma de inversión controlada al cien por cien por el Gobierno de Hungría“. Vox y la formación del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, comparten familia política en la Eurocámara, bajo el paraguas de Patriots.
La formación liderada por Santiago Abascal ya recibió una sanción de más de 233.000 euros por financiación irregular, pero este préstamo todavía no ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. La actual norma, que ahora se pretende endurecer, establece como una infracción “muy grave” que los partidos acepten cualquier forma de financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.
En estos casos, las sanciones económicas son de entre dos y cinco veces la cantidad recibida. En la dirección del partido han reconocido dos préstamos por un valor total de 9,2 millones de euros, por lo que la sanción con la actual norma sería de un mínimo de 18,4 millones de euros y un máximo de 46.
A raíz de una denuncia del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto diligencias de investigación, de carácter secreto, por presunta financiación irregular de Vox. Además de los préstamos, la denuncia apuntaba a métodos para captar ingresos de manera opaca. Parte de los ingresos señalados como opacos se habrían recogido en puestos callejeros por todo el país donde se colocan “huchas” o “cajas de caudales” y además se vende ‘merchandising’ según detallaba la denuncia de la que informó en su día esta redacción.
Dentro de las medidas incluidas en el denominado plan de acción por la democracia, el Ejecutivo también pretende llevar al Consejo de Ministros en este 2025 una reforma de la ley electoral. Sería de carácter quirúrgico para “establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas, y establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados”.
Control de la publicidad institucional
En este ejercicio se pretende igualmente reformar la ley de publicidad institucional como pata final para materializar el plan de medios. Un cambio legal con criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación” para limitar la financiación pública de los denominados “pseudomedios”. El Consejo de Ministros ya dio el primer paso el pasado mes de febrero con la aprobación del anteproyecto para adaptar el reglamento europeo de medios de comunicación.
La intención pasa por delegar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad sancionadora. Los consejeros de la CNMC, elegidos por el Gobierno, también controlarán un registro de medios. En el Ejecutivo defienden el carácter independiente de la CNMC, cuya estructura deberá reformarse para incluir en su organigrama una dirección en medios de comunicación y otra en servicios digitales. Desde las asociaciones profesionales, sin embargo, se aboga por la creación de una comisión de carácter independiente e integrado por profesionales de los medios de comunicación.
Este organismo será el competente además de establecer un procedimiento para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación. Los umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente. Como ejemplo se ponen los establecidos en la ley de comunicación audiovisual, que se fijan en el 27% de la audiencia total.