El president Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) defiende la labor del Govern ante la actual emergencia por sequía y saca pecho de la negociación con los agricultores, con quienes ha logrado alcanzar un acuerdo esta semana para levantar los cortes de carretera. No prevé retocar las restricciones actuales derivadas de la crisis del agua, pide ser conscientes de que la situación requiere el esfuerzo de todos y descarta la posibilidad de que Barcelona se quede sin agua.
El Parlament, en el pleno monográfico sobre sequía, reclamó al Govern relajar las medidas en gimnasios y en hoteles. ¿Qué hará con este encargo?
Seguiremos trabajando con el sector. Cuando hay que aplicar restricciones, hay que ser quirúrgico y aplicar las que realmente son efectivas para reducir el consumo de agua y evitar las que no tienen impacto. Tenemos que ser conscientes de que el conjunto de la sociedad tendremos que hacer esfuerzos en los próximos meses para preservar el agua que llega a los domicilios y a los servicios esenciales, como hospitales o escuelas. En el marco del trabajo técnico que está desarrollando la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) con estos sectores, encontraremos la manera de cumplir con lo que nos pide el Parlament. Espero poderlo concretar el próximo mes.
La portavoz dijo que están analizando opciones para que un segundo barco traiga agua a Barcelona. ¿Vendrá de Tarragona?
Vendrá de donde sea necesario. Estamos trabajando en diferentes opciones.
¿Llegará un ‘Día D’ en que en Barcelona se abra el grifo y no salga agua?
No, producimos suficiente agua para que esto no pase, pero sí nos podemos encontrar un día con que las restricciones sean mucho más intensas. Pero producimos agua en desalinizadoras, conseguimos agua regenerada. Hoy más de la mitad del agua del Ter-Llobregat proviene de desalinizadoras o de regeneración y antes de la sequía el 85% provenía de los embalses. Hemos hecho un gran esfuerzo.
¿Qué hay que hacer para que, si llueve, no se pare este plan?
Me comprometo a que no pasará lo que pasó en 2009, 2010 y 2011, cuando se desprogramaron inversiones. Y lo puedo hacer porque hemos saneado las cuentas de la Generalitat. De un 37% de la deuda con relación al PIB de Catalunya pasaremos a un 29% con los presupuestos y, cuando se ponga en marcha la condonación de una parte del FLA, al 23%. Los compromisos a los que llego, son los que cumplo. Hay una frase que creo que me gusta repetir, que es prometer ‘poco, pero cumplirlo todo’.
Me comprometo a que no pasará lo que pasó en 2009, 2010 y 2011, cuando se desprogramaron inversiones
[–>
¿Puede descartar tajantemente el trasvase del Ebro?
Creo que no es la solución, entre otras cosas porque la cuenca del Ebro también tiene episodios de sequía.
¿La ACA es un instrumento eficaz? Tiene 540 millones en inversiones comprometidas no ejecutadas y, a la vez, pide subir el cánon del agua.
Está compuesta por profesionales de altísimo nivel y suerte hemos tenido de ella los últimos 30 meses porque aplica el plan especial de sequía desde el rigor, la anticipación y la profesionalidad. Estos 540 millones de euros están comprometidos y serán gastados en los próximos meses con las ayudas a los ayuntamientos. Nos comprometimos en el Parlament a destinar 50 millones y destinaremos 120. Este dinero sale de la ACA.
¿Relajará las restricciones de agua a los agricultores?
Hay que situar las restricciones y las medidas en el ámbito del sentido común. Hay muchas casuísticas diferentes sobre cómo podemos flexibilizar las consecuencias de las restricciones sobre la agricultura y la ganadería, pero evidentemente, el agua para la supervivencia de los animales y los árboles de cultivos leñosos, está garantizada. Todo se tendrá en cuenta y se trabajará en la mesa agraria con los sindicatos y la plataforma.
Han acordado cambiar el nombre de la conselleria.
Uno de los acuerdos es incorporar la denominación de Agricultura, Ramaderia i Pesca al ámbito del Departamento. Es una cuestión que forma parte del reconocimiento de la importancia de la agricultura, aunque creo que dentro del concepto Alimentació estaba absolutamente reflejada. Pero no tenemos ningún problema porque, a la práctica, ya estamos haciendo de todo el que hace un Departamento de Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Pero, sobre todo en Europa, hay cierta confrontación entre la lucha contra el cambio climático y la preservación del modelo agrícola. ¿Cambiar el nombre implica cambiar las prioridades?
No. Situar en un mismo departamento las políticas de lucha contra el cambio climático y las de apoyo a los agricultores y pescadores nos ha permitido gestionar mucho mejor que si fueran departamentos separados. Si no, asistiríamos probablemente a posiciones diferentes dentro de un mismo Govern, entre los que gestionan la ACA y los que gestionan agricultura.
El inicio del curso escolar será el primer día después de los primeros 5 días laborables de septiembre
[–>
En materia educativa, se fijó dos retos: el adelanto del curso escolar (finalmente comienza el 9 de septiembre) y avanzar en la gratuidad del Infantil1. ¿El informe PISA ha desplazado las prioridades?
El informe PISA ha puesto sobre la mesa una realidad que nos obliga a adoptar algunas medidas de urgencia, pero continuaremos trabajando con el objetivo de la gratuidad del 0-3. Respecto al calendario escolar, cuando empezamos la legislatura el curso se iniciaba después de la Diada; ahora será previo. Nos pidieron desde el conjunto de la comunidad educativa y desde el Consell Escolar de Catalunya que hubiera un mínimo de 5 días laborables para la preparación del curso. Y creemos que es una propuesta asumible. Si seguimos el criterio, el curso 2025-2026, empezará el día 8. Nos moveremos siempre en estas fechas: el primer día después de los primeros 5 días laborables de septiembre.
Hay 37 puntos de diferencia entre los resultados PISA de la pública y la concertada. ¿Por qué no recuperar la sexta hora?
Esta medida está en discusión en el marco del trabajo de los expertos, pero creo que tenemos que ser más ambiciosos e integrar el conjunto de la enseñanza fuera de la escuela como un derecho de todos los niños. Las actividades extraescolares, pero también de refuerzo educativo, tienen que formar parte de una política pública y no tiene que depender solo de las familias.