Pedro Sánchez no quiso abordar la pantalla de los Presupuestos tras pactar con Junts el nuevo decreto para salvar las medidas del escudo social. “Partido a partido”, se limitó a responder en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, no sin antes insistir en que “el Gobierno suda la camiseta hasta el final” para sacar adelante su agenda social y económica. Y es que la letra pequeña del acuerdo vincula en cascada diferentes carpetas que desembocan en las cuentas públicas.
La aprobación de la parte del decreto con las medidas tributarias, según el acuerdo trasladado por los posconvergentes y ratificado por el PSOE, se vincula a que el Gobierno avance en el concierto económico y modifique la senda de estabilidad para que Cataluña y otras comunidades autónomas puedan aumentar su gasto. En Moncloa, por su parte, señalan que están dispuestos a ceder en estas exigencias, presentando otros objetivos de déficit, si Junts ofrece garantías para encarrilar los Presupuestos. El propio Sánchez se mostró optimista y se refirió a la posibilidad de sacar adelante las medidas económicas y tributarias, troceadas del decreto ómnibus, “en las próximas semanas”.
El pacto sellado ‘in extremis’ este martes entre el Gobierno y Junts también deja en manos de Carles Puigdemont el manejo del contador para la negociación de los Presupuestos. El acuerdo para convalidar un nuevo decreto con todas las medidas del escudo social, más allá de la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte, se produjo a cambio de tramitar la iniciativa de Junts para instar al jefe del Ejecutivo a una cuestión de confianza. Sin efectos jurídicos, pues es una prerrogativa del Gobierno, pero sí políticos por el simbolismo de que Junts una sus votos a PP y Vox para visibilizar la falta de mayoría en el Congreso de la coalición progresista.
Esta proposición no de ley se debatirá en el plazo de un mes, aunque los posconvergentes podrían maniobrar para retrasarla. Bien incluyendo otras iniciativas en su cupo, bien renunciado a este o intercambiándolo con otro grupo parlamentario. Lo que sí está claro es que los tiempos y los plazos estarán en manos de Junts.
Un valioso comodín con el que presionar hasta el punto de marcar el momento en el que la legislatura se convertiría en inviable para la coalición progresista. Antesala, por otra parte, de una moción de censura. La pretensión del Ejecutivo pasaba por presentar los Presupuestos dentro del primer trimestre, aun abriéndose a la posibilidad de estirar este plazo en aras de acabar de cerrar un hipotético acuerdo.
Reanudación de negociaciones
No solo Sánchez va con tiento a la hora de referirse a la principal medida que puede aprobar un Gobierno y que garantizaría estabilidad para llevar la legislatura a término. A pesar de que Junts ha retomado las negociaciones “sectoriales” con el PSOE que Puigdemont había dado por congeladas, en el Ejecutivo los ministros socialistas siguen tratando de normalizar la posibilidad de otra prórroga de los Presupuestos. Necesarios, según argumentan, para acompasar el crecimiento económico y del empleo a una mejor redistribución social, pero no imprescindibles por contar con unas cuentas -las prorrogadas de 2024- elaboradas por este Gobierno y de carácter expansivo.
Además de las carpetas económicas que se han agrupado ahora, se acumulan las de los compromisos pendientes. Algunas de ellas, como la aplicación de la amnistía judicial o el uso del catalán como lengua oficial de las instituciones europeas, no dependen solamente del Ejecutivo. En otras, como el traspaso de las competencias en inmigración, el Gobierno sigue marcando sus líneas rojas. Concretamente, el control de fronteras, por considerar que no tendría encaje constitucional ni tampoco en el marco europeo. Hasta el momento se ha puesto sobre la mesa una solución intermedia que pasaría por dar presencia a la Mossos en lugares en los que hasta ahora solo había Policía Nacional, como puertos y aeropuertos.
Carpetas acumuladas
El pacto con Junts ha permitido al Gobierno retomar negociaciones y, sobre todo, salvar la prórroga de las medidas del escudo social que habían tumbado los posconvergentes junto a PP y Vox. Ahora se abre paso un nuevo escenario de conversaciones que ya no se guía tanto por la máxima de Junts de negociar carpeta a carpeta, sino que parecen agruparse en un todo o nada. Con los posconvergentes acumulando exigencias y los socialistas vinculándolas en su mayoría a sacar adelante las cuentas públicas.
Entre la épica y la normalización de varapalos parlamentarios que harían tambalear a cualquier gobierno en tiempos de bipartidismo imperfecto, Sánchez lanzó el mensaje de que el Ejecutivo podrá perder votaciones, pero “no está dispuesto a que la mayoría social pierda sus derechos”. De ahí que avanzase su intención de buscar votos “en todas partes” para rearmar una mayoría parlamentaria, “con dificultades y fragmentada”, que permita sacar adelante la “agenda social del Gobierno”. Siempre en contraste con una alternativa que sigue ejerciendo de pegamento de PNV y Junts en el bloque de investidura. “Nosotros no damos un partido por perdido”, contrapuso a la estrategia de oposición de PP y Vox, que tildó de “negacionista” y de entender los “derechos como mercancías para hacer negocio”.