La Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA) ha elaborado un protocolo común para homogeneizar la respuesta del ámbito sanitario a nivel nacional. El documento, según informa el Ministerio de Sanidad, se basa en los protocolos autonómicos que ya tienen las comunidades y la revisión de la bibliografía más reciente.
En España, las cifras oficiales provienen del Registro Unificado de Maltrato Infantil, que en 2021 tuvo 21.521 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, precisa el departamento que dirige Mónica García, como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado.
El documento ahora aprobado busca “sistematizar la promoción del buen trato, la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia sobre la infancia y adolescencia desde una perspectiva de equidad, accesibilidad, no discriminación y curso de vida”. Está dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tanto asistenciales como no asistenciales, así como también a todas aquellas personas con responsabilidad en la gestión y planificación de políticas y recursos sanitarios.
Derechos de los menores
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Sanidad recuerda que, en 2021 se aprobó la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que busca establecer “un nuevo paradigma de prevención y protección de la violencia a través de una aproximación integral desde la perspectiva de los derechos de los menores, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud”.
En la Comisión frente a la violencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud participan las comunidades y ciudades autónomas y también otros ministerios
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En el ámbito sanitario, la normativa promovió la creación de la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que participan las comunidades y ciudades autónomas y también otros ministerios (Justicia, Juventud e Infancia e Igualdad).
Este protocolo ha sido elaborado bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades y ciudades autónomas y otras administraciones públicas, instituciones y profesionales de los diferentes sectores implicados en la prevención, detección precoz, protección y reparación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Además, ha sido revisado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, concluye Sanidad.