La Asamblea de Madrid ha decidido este viernes abrir un procedimiento sancionador abreviado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, por el supuesto voto irregular que emitió el pasado 1 de febrero desde un escaño que no era el suyo. La decisión de la Mesa, presidida por Enrique Ossorio, supone que la instrucción del caso se alargará solo cinco días hábiles, de forma que el próximo viernes el presidente tendrá sobre la mesa la sanción que se prevé para Monasterio.
La instrucción del caso ha recaído sobre la diputada del PP y presidenta de la Comisión de Economía y Empleo, Mercedes Zarzalejo. La Mesa entiende que hay una infracción “contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria”, pero ahora será la diputada quien tendrá que ordenar “la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas” que esclarezcan lo ocurrido durante la votación de las enmiendas a la totalidad de la Ley de Economía Circular, “así como determinar las posibles responsabilidades susceptibles de sanción”. Ella será quien proponga las sanciones que se puedan imponer, que como indica el artículo 34 del reglamento puede suponer “la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días”.
Plazos para el recurso
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Según informaron fuentes parlamentarias conocedoras del proceso, la sanción a Monasterio, que puede ser una multa económica o la suspensión de sus funciones como diputada, podría extenderse incluso a su grupo. Las subvenciones que recibe cada grupo parlamentario vienen definidas por el número de escaños que obtiene, y entre los populares entienden que si Monasterio es suspendida durante un periodo de tiempo sin sus funciones como diputada el grupo debe dejar de recibir la parte correspondiente.
Una vez notificados los cargos y la sanción, la portavoz de Vox tendrá un plazo máximo de diez días para presentar alegaciones. Monasterio podría alargar el proceso si, terminado este plazo, no acepta el nuevo informe emitido por la Mesa. Llegados a ese punto podría recurrir en los quince días posteriores, obligando al órgano de gobierno de la Asamblea a emitir un nuevo informe antes de cerrar el caso.
Reacción de Vox
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Vox, por su parte, ha denunciado tras conocer la decisión de la Mesa que se trata de una “cacería política” contra su portavoz y el partido. Insisten en que todo se debió a un error, como ha dicho reiteradas veces Monasterio, y además denuncian en un comunicado que la decisión de iniciar el expediente se ha tomado “sin permitir a Vox leer el informe de los letrados que presuntamente avala dicho procedimiento”.
El partido de la ultraderechaa critica que el caso por el supuesto voto irregular tiene una intencionalidad política porque se produce “en represalia por los asuntos sensibles para la presidenta Ayuso como la inmigración ilegal, el gasto político y la falta de transparencia”.