Buenas noticias para Donald Trump desde el Tribunal Supremo. En una vista celebrada este jueves para estudiar el caso de Colorado, donde en diciembre el Supremo estatal vetó al expresidente para aparecer en las papeletas de las primarias al considerar que sus acciones para intentar revertir las elecciones de 2020 lo hacen un insurrecto descalificado para ocupar de nuevo la presidencia, las preguntas que han planteado los magistrados a los abogados han expuesto gran escepticismo ante la idea de que Colorado tenga autoridad para ese veto.
Habrá que esperar a que se dicte sentencia para constatarlo pero las incisivas cuestiones a Jason Murray, el abogado que representa a los cuatro votantes republicanos y dos independientes de Colorado que iniciaron el caso contra Trump, han dejado la clara sensación de que el Supremo fallará a favor del expresidente y favorito para la nominación republicana para las elecciones de noviembre.
Esos interrogantes han llegado no solo de los seis jueces conservadores que tienen la mayoría en el Supremo, tres de ellos nombrados por el propio Trump, sino también de dos de las tres jueces progresistas. Y la cuestión central que parece preocuparles la ha planteado una de ellas, Elena Kagan: “¿Por qué un solo estado decide quién puede ser presidente de EEUU?, ¿por qué un solo estado debería tener la capacidad de hacer esta determinación no solo para sus ciudadanos, sino para el resto de la nación?”.
Además de ese escepticismo, togados como el juez John Roberts, presidente del Supremo, ha mostrado alerta por las “consecuencias bastante sobrecogedoras” que podría tener que mantuvieran la decisión del Supremo de Colorado. Roberts ha sugerido que otros estados podrían seguir el modelo para excluir en el futuro tanto a candidatos demócratas como republicanos. Y el juez Brett Kavanaugh ha recordado que “la democracia es dejar a la gente decidir” y ha asegurado que si se mantuviera la decisión de Colorado “los votantes perderían su derecho de elegir“.
La Enmienda 14
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En el centro de este caso está la Enmienda 14 de la Constitución, aprobada en 1868, tres años después del final de la guerra civil. Concretamente el núcleo del debate es su sección tercera, conocida como la cláusula de descalificación, que originalmente intentó frenar que los confederados ocuparan posiciones de poder.
Esa sección estipula que “no podrá desempeñar cargo civil o militar alguno bajo autoridad de EEUU (…) quien habiendo jurado previamente defender la Constitución de EEUU (…) como funcionario ejecutivo (…) haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los EEUU o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país“. También recoge que la descalificación podría ser revertida si lo aprueban las dos Cámaras del Congreso con mayoría de dos tercios.
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Los jueces del Supremo no parecen inclinarse por entrar a considerar de forma definitiva si Trump puede ser calificado como insurreccionista, algo que sí hizo el Supremo de Colorado pero que ha negado Jonathan Mitchell, el abogado de Trump, que ha defendido que lo que sucedió el 6 de enero “fue una revuelta, no una insurrección“.
No es un argumento que haya parecido convencer a la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson, pero esta misma ha cuestionado que la redacción de la sección tercera incluya al cargo de presidente. Y Mitchell también ha encontrado algo de aparente respaldo en su idea de que la cláusula, tal y como está redactada, afecta a alguien para ejercer un cargo, no a un candidato que se presenta a unas elecciones para llegar a ese cargo.
La mayoría de los magistrados también parecen inclinarse por la posición de que debería ser el Congreso el que establezca los mecanismos de la aplicación de la enmienda (o incluso la determinación de qué es insurrección). Y también en este terreno la jueza Brown Jackson ha subrayado que, cuando se preparó la 14ª Enmienda, precisamente se trató de contener el poder de los estados frente al federal.
La base más fuerte del rechazo del Supremo se ha sentido este jueves, así, en la idea de que sea un estado el que tenga capacidad para aplicar la cláusula. Varios magistrados han mostrado preocupación porque podría afectar potencialmente a otros estados y a las elecciones presidenciales. Además de Colorado, Maine también decidió vetar a Trump de las papeletas (aunque un tribunal puso la decisión en suspenso a la espera de que el Supremo decida este caso). Hay retos legales a la presencia de Trump en las papeletas en otros 35 estados.
Parece así que caerán en saco roto los esfuerzos de Murray, el abogado de los votantes de Colorado, que en un momento de la vista ha dicho que “las protecciones constitucionales están para proteger la democracia no para este ciclo, sino durante generaciones“. “Este caso ilustra los peligros de negarse a aplicar la sección tercera como esta escrita, porque la razón aquí es que el presidente Trump intentó dejar sin voto a los 80 millones votaron contra él y la Constitución no requiere que se le dé otra oportunidad“, ha dicho el abogado.