El derecho básico a una vivienda digna se convierte a menudo en un laberinto de difícil salida. Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad donde el coste medio del alquiler es de 13,6 euros por metro cuadrado, se posiciona como la cuarta ciudad del territorio español donde más han aumentado los precios en el primer trimestre de 2025. Esa tensión creciente se traduce en que conseguir un lugar para vivir no sea nada fácil, y la tarea se complica más aún para determinados colectivos como las personas migrantes o racializadas. Además de tener que buscar entre una oferta limitada con precios elevados, también deben sortear unos prejuicios cada vez más vigentes. Así lo cuenta Demba Diop: “Por mensaje todo bien, pero cuando llamas o tienes cita para ver la casa y ven un negro, cambian de opinión”.
Demba es una de las muchas personas que se ha topado con un muro de racismo. Al principio, cuando llegó a la Isla, lo acogió una mujer que hoy en día considera como su madre canaria, pero con el paso del tiempo quiso independizarse y vivir por su cuenta. Entonces emprendió una búsqueda a través de varias aplicaciones que se alargó muchos meses porque, asegura, siempre llegaba el momento en que los arrendatarios se echaban atrás. “Me ha pasado mil veces”, lamenta.
Subraya que no se trata, en ningún caso, de simples casualidades. Algunas de esas veces usó el teléfono de un amigo español, cuya foto de perfil era de una persona blanca, o utilizó algún intermediario para establecer los primeros contactos por llamada. Al verse en persona para hacer una visita al piso, las caras de sorpresa auguraron lo que ya sabía que iba a ocurrir: “Me dicen ‘déjame pensarlo un poco’ o ‘mañana yo te digo algo’ y al final nada”.
Actitudes racistas persistentes
Fue un conocido canario quien pudo conseguirle una habitación en un piso compartido. Después de un año viviendo allí, Demba asegura que los problemas no se han acabado, ya que una de las personas que reside en la casa tiene actitudes racistas de forma persistente. Pero no se plantea marcharse: encontrar una alternativa sería mucho más difícil.
Otra situación que ha vivido a menudo es que los arrendatarios le pidan una cantidad de documentos que a otros amigos suyos blancos o a su madre canaria nunca les exigen, incluyendo seguros de impago. “Nosotros no tenemos problema de pagar. Lo primero que pienso siempre cuando cobro es pagar el alquiler, antes que otra cosa. Yo conozco mucha gente que está trabajando y tiene su dinero, pero no dónde vivir, y están buscando habitación“, sentencia.
Las llamadas que nunca llegan
Soda Niasse, miembro del colectivo Somos Red y Regularización Ya, trabaja a diario con muchas de ellas. Por eso, ha escuchado una gran cantidad de historias. “Te dicen que la casa no es para negros. Otros son más civilizados y te dicen que están hablando con otra persona para alquilar y que ya te van a llamar, pero esa llamada nunca llega“, relata. Algunos de sus conocidos, incluso, se han visto obligados a dormir en su coche, a pesar de tener un trabajo.
Soda matiza que este es un problema extendido: “Los canarios tienen muchos problemas para alquilar una vivienda decente. Están sacando a la gente de los barrios, todas las casas ahora son viviendas vacacionales“. En cualquier caso, indica que “los migrantes lo tienen todavía más difícil”, lo cual va estrechamente ligado a las dificultades para regularizar su situación.
Regularizar para encontrar casa
Se trata de una “cadena de cosas que se acumulan”. Todo comienza con la inaccesibilidad a documentación que impide conseguir trabajos con contrato. Eso no solo lleva a situaciones de explotación laboral, economía sumergida o salarios por debajo del SMI; también implica que, a la hora de buscar piso, no se puede acreditar la empleabilidad de forma oficial. Por tanto, la oferta se ve drásticamente reducida.
La consecuencia directa de ello, según reflexiona Soda, es que los barrios se segregan y no existe una convivencia o una interculturalidad reales. Por ello, considera que la solución pasa por la regularización de las personas migrantes, el aumento de la vivienda social, que el gobierno garantice alquileres asequibles y que se dote a las administraciones públicas de mecanismos para denunciar el racismo en el sector inmobiliario.
Inmobiliarias con cláusulas racistas
Más allá de la capital grancanaria o del Archipiélago entero, la segregación llega a todo el ámbito nacional: un informe de Provivienda publicado en 2025 analiza cómo, en los últimos años, el racismo ha aumentado a la hora de alquilar una casa. Según refleja el documento, el 99% de las empresas inmobiliarias que se incluyeron en el estudio aceptan cláusulas racistas, sin apenas resistencia, que luego no se reflejan en los anuncios. De este modo, se limita el acceso al mercado privado de vivienda a las personas racializadas y extranjeras.
El perfil discriminado, tal y como explica el informe, corresponde a personas africanas, asiáticas o latinoamericanas, sobre las que se asume una mayor vulnerabilidad económica, riesgo de impago, malas conductas y posibilidad de hacinamiento. En cambio, aquellas procedentes de Inglaterra, Holanda, Francia, Canadá, Bélgica o Estados Unidos, entre otros países norteños, se vinculan a buenas conductas, alto nivel adquisitivo y ocupaciones socialmente consideradas “prestigiosas”, por lo que hay mayor margen de negociación.
Indefensión frente a la segregación
En la perspectiva contraria, cuando una persona migrante o racializada acude a una de estas empresas en busca de vivienda, se han registrado discriminaciones con diversas formas en comparación a una persona española: engaño sobre la disponibilidad de un piso, priorización de documentos nacionales, escasa explicación de las condiciones, menor grado de flexibilidad y una oferta más reducida de pisos o barrios alternativos, entre otras.
El informe también destaca la ausencia de herramientas con las que defenderse de este tipo de prácticas, incentivando una posición de mayor vulnerabilidad y desprotección. Por ello, destaca la necesidad de crear programas de intermediación en la vivienda, también conocidas como bolsas de alquiler, así como aumentar la oferta de vivienda social y asequible, gestionada por organizaciones privadas sin ánimo de lucro.
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