Ninguna sorpresa en la comparecencia de este lunes del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la comisión del Parlamento que investiga posibles irregularidades en la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Como en anteriores intervenciones públicas, incluidas las dos que tuvo en el Senado, el que fuera jefe del Ejecutivo del ‘pacto de las flores’ insistió en que en todo momento “se hicieron las cosas de la mejor manera posible” en un mercado internacional de compra de material sanitario que era un “auténtico mercado persa”.
“Desprecio la corrupción y la persigo”, afirmó en sede parlamentaria en un ambiente político ‘contaminado’ por el contenido de todos los audios de la Unidad Central Operativa (UCO) que se están publicando en relación con el “triángulo tóxico” al que se refirió la ministra Pilar Alegría: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.
“Podrán salir las conversaciones que sean, pero ninguna relacionada conmigo y una trama de corrupción”, insistió ante las preguntas del conservador Fernando Enseñat.
Torres defendió la total “implicación” de Gobierno central en las decisiones políticas para combatir la pandemia y el hecho de que se decretara el “mecanismo excepcional” de poder suscribir contratos de emergencia con criterios más laxos que en situaciones normales, lo que posibilitó que algunas empresas -como RR7 o Soluciones de Gestión- pudieran cometer irregularidades: “Si algunos desalmados se aprovecharon, que lo paguen”.
Torres volvió a derivar las responsabilidades a los “servicios técnicos y jurídicos” del SCS y sobre el exdirector de este departamento, Conrado Domínguez, al que anteriores comparecientes en la comisión han apuntado como responsable de las operaciones irregulares de adquisición de material, Torres fue tajante: “Hay que defender su presunción de inocencia al cien por cien, pero se asumieron responsabilidades políticas cuando dejó de formar parte del gobierno del ‘pacto de las flores”.
¿Y sobre Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS? Pues “no la conocía”, pero cree que “hizo las cosas lo mejor posible”, además de recordar que el departamento que ella dirigía era el que “, con sus proipios técnicos, decidía las contrataciones”.
Asimismo, alabó el “trabajo de los hombres y mujeres que hicieron un trabajo ímprobo” en el seno del comité científico, al que desligó de cualquier decisión sobre las empresas a las que había que contratar y del que destacó que “nos ayudó a planificar el inicio del curso escolar, con garantías,” en septiembre de 2020.
“Es muy fácil juzgar las cosas ‘a toro pasado’, pero insisto en que tomamos las decisiones que tuvimos que adoptar y si nos equivocábamos, rectificábamos”, insistió Torres.
Este lunes el ministro insistió en negar que los miembros de su Ejecutivo, o él mismo, participaran en una operación fraudulenta para recibir mordidas de dinero público a cambio de suscribir contratos con Soluciones de Gestión, la entidad vinculada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Al igual que en sus comparecencias en el Senado, el ministro insistió en el Parlamento canario que sus contactos con García, introductor de la empresa Soluciones de Gestión que logró dos contratos por valor de 12,5 millones por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, se mantuvieron en su calidad de asesor del Ministerio de Transportes para solucionar un impago por parte del SCS por un contrato que había que cumplir y tras comprobar que la mercancía se había entregado en perfecto uso. Un pago que, de no hacerse de inmediato, podía derivar en una deuda por intereses de demora: “Tenía derecho la empresa en su reclamación”.
La comisión de investigación, que se constituyó en mayo de 2024, comenzó a citar en julio de hace un año a empresarios, técnicos y la totalidad del Gobierno del ‘pacto de las flores’ que presidió Torres y ninguno de ellos asumió ninguna responsabilidad política de los contratos -por valor de 20 millones de euros- que están siendo investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía anticorrupción europea.
Sin embargo, desde CC y el PP se insiste en señalar al expresidente Torres como máximo responsable político de las posibles compras irregulares. ¿La defensa de Torres?: “Desde hace mucho tiempo, la voluntad del PP es enfangar la imagen de Torres”.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)