Ni adelanto electoral, ni cuestión de confianza, ni mucho menos un paso atrás en forma de dimisión como secretario general del PSOE. Pedro Sánchez se aferra a la continuidad de la legislatura desde el primer momento en el que estalló el ‘caso Cerdán’, con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al número tres del partido en el centro de la trama Koldo, junto al ex secretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sin embargo, la sostenibilidad del propio Sánchez descansa principalmente en sus socios de investidura. Por el momento, aprietan, pero no ahogan, según trasladan desde Moncloa. “Entendemos su malestar, es comprensible, pero no hay pérdida de confianza”, señala un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo.
Ante la subida de tono de algunos, e incluso la amenaza dentro de Sumar de salir de la coalición si escala al Gobierno la presunta trama de corrupción en el corazón del PSOE, otras fuentes de Moncloa se muestran empáticas al tiempo que convencidas de que buscarán una salida conjunta al atolladero en el que se ha instalado la legislatura. Tras la ronda de contactos telefónicos que el pasado fin de semana realizó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con los distintos portavoces sostienen que el Gobierno mantiene el “apoyo de la mayoría” de investidura. El presidente del Gobierno tratará esta semana de atornillarlos con una ronda de reuniones presenciales que arrancó este martes con Junts, después de hacerlo en el seno de la coalición con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Con los representantes de PNV, ERC y EH Bildu lo hará este miércoles.
Lo primero que exigen son garantías de que la trama no se extenderá ni acabará implicando al propio Sánchez. Si nadie pone ya la mano en el fuego, sin descartar ni siquiera “más nombres” implicados en la presunta trama, como reconoció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo que se garantiza es que el PSOE no se ha financiado ilegalmente. “Sabemos que no ha habido financiación irregular”, zanjan para calmar los temores de sus socios. Compensan así que no puedan ofrecer la misma seguridad respecto a otros cargos. La sensación generalizada es que pueden quedar nuevos capítulos por salir a la luz.
A la espera de que avancen las investigaciones, declaren los implicados en el Supremo o se destapen más grabaciones realizadas por el asesor Koldo García, en el Ejecutivo defienden esta cautela porque “nunca podemos estar seguros del todo”. Son precisamente estas dudas las que mantienen a los socios del Gobierno, incluido Sumar, a la expectativa antes de abordar con Pedro Sánchez los próximos pasos a dar. Su prioridad ahora es despejar sospechas de hasta dónde podría extenderse la trama y que Pedro Sánchez ofrezca explicaciones en el Congreso. Lo hará el próximo 9 de julio, una fecha que la mayoría de los grupos parlamentarios ha criticado por tardía. En lo que sí inciden los socialistas, como están trasladando a sus socios, comenzando por Sumar, es que la corrupción no es sistémica en sus filas ni forma parte de la cultura de este Gobierno ni del partido.
En la ronda de contactos, además de garantías de que no escale la trama de corrupción, los socios prevén poner deberes y elevar sus exigencias. En Moncloa se muestran predispuestos “a escuchar” y recoger el guante. Lo hicieron ya tras la reunión de Sánchez con Yolanda Díaz, donde la representante de Sumar puso sobre la mesa medidas concretas contra la corrupción, además de dar un giro al programa social de la coalición. Tras el encuentro, en el Ejecutivo dijeron coincidir “en la necesidad de seguir construyendo el proyecto progresista” y resaltado que “muchas” de las preocupaciones y medidas planteadas “las compartimos”. El propio Sánchez tiene previsto presentar y aprobar medidas de control y regeneración democrática en el comité federal del PSOE que se celebrará el próximo 5 de julio.
Podemos y BNG se borran
Misma predisposición con el resto de socios parlamentarios y misma dinámica. “Primero escucharlos”, apuntan para que sean los socios quienes trasladen sus posiciones. “Si plantean nuevas medidas se estudiarán” y se buscará como “incorporarlas” a la agenda del Gobierno. Destacan que hablan de medidas, para enrocarse en que una cuestión de confianza no lo es, además de ser una prerrogativa del presidente del Gobierno.
Podemos y BNG se han borrado de la ronda de contactos. Los primeros por considerarlo “un lavado de cara” y los nacionalistas gallegos, que habían sido citados para este miércoles al mediodía, porque lo consideran una especie de “cuestión de confianza individualizada”. Su respaldo, añaden, “debe ganarse con hechos, no con gestos ni declaraciones vacías”. En esta línea, coinciden con los posconvergentes o los republicanos en que es el Gobierno quien debe ejecutar lo pactado, “sin excusas ni maniobras de dilación”. A ello, la mayoría de los socios señalan la necesidad de acompañar el cumplimiento íntegro de sus acuerdos de investidura con el despliegue de medidas de lucha contra la corrupción y la regeneración democrática.