La investigación por presuntos delitos de corrupción que el juez Juan Carlos Peinado atribuye indiciariamente a la esposa del presidente del Gobierno ha avanzado este miércoles con la comparecencia de varios empresarios, que han testificado sobre la financiación del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, y el interrogatorio como imputado del delegado del Gobierno en Madrid.
Una de las aportaciones más interesantes ha sido la del vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo, que ha confirmado que fue Begoña Gómez quien le sugirió personalmente la participación de la compañía en la financiación del sistema informático cuando coincidió con ella en un acto público por unos premios. No obstante, asegura que después no volvió a saber nada del asunto, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
El pasado mes de enero el representante legal de Telefónica ya había declarado ante el instructor de la causa esposa del presidente del Gobierno contactó con Varo para que mediara y consiguiera que la compañía participase en el desarrollo del software para su curso de Transformación Social Competitiva. Este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le ha preguntado por su relación con la esposa del presidente del Gobierno, que Varo ha explicado que es únicamente profesional, momento en el que el juez le habría recordado que declara bajo juramento.
Directivos de Google
Por el mismo asunto han respondido también dos directivos de Google como son Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto y Miguel Escassi, responsable institucional. Igualmente estaba citado Luis Abril, responsable de la filial de Indra Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica. Los nombres de todos ellos fueron aportados el pasado 2 de abril por los testigos Fuencisla Clemares, quien fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de ‘go to market operations’ para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica y por Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra.
Se trataría de las personas concretas que conocían y ejecutaban de forma directa los trabajos y la actividad de las entidades empresariales en relación con la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez. Las dos tecnológicas ya informaron por escrito al juez Juan Carlos Peinado el año pasado sobre las inversiones que realizaron en el ‘software’: Google invirtió 110.000 euros e Indra abonó 128.442 euros. Por su parte, Google España ha explicado en un comunicado que ya le ha comunicado al juez Peinado que en los últimos cinco años su colaboración con la plataforma TSC es similar a la desarrollada en otros 150 proyectos.
Malversación en Moncloa
Por otra parte, el juez ha tomado declaración en calidad de investigado a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y quien fuera superior jerárquico de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, como secretario general de Presidencia. El juez enmarca esta declaración en sus indagaciones sobre el presunto uso privado que Begoña Gómez pudo hacer de esta asistente relación con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, si bien desde la Fiscalía se ha advertido que Martín Aguirre no trabajaba en Presidencia en el momento del nombramiento de la asesora.
Martín Aguirre se ha limitado a responder a su defensa, que es abogado del Estado, argumentando que su imputación en esta causa está recurrida ante la Audiencia Provincial. Ha afirmado que no participó en la contratación de Álvarez –tal y como alegó también la Fiscalía en apelación, pues tuvo lugar antes de que él accediera a Moncloa– y que no tiene constancia de que la asistente esté incumpliendo sus funciones. En el momento en el que el delegado del Gobierno se acercaba a los juzgados, desde varios puntos de la plaza un par de personas aisladas le habían esperado para gritarle: “Sánchez corrupto” y “Sánchez dimisión”.
Declaración interrumpida
Su citación responde a una querella presentada por Vox. Se le citó coincidiendo con la comparecencia, en este caso como testigo, de Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como coordinador de este tipo de designaciones de cargos de confianza en el Gobierno.
Las acusaciones han mostrado al término de las diligencias su extrañeza por el hecho de que el juez haya interrumpido su declaración para que se instruya de la materia de la que se le estaba preguntando, anunciando que le volverá a citar ante él.
Cristina Álvarez, Begoña Gómez assistant in Moncloa, during her appearance in the Senate. / SENADO
La propia Álvarez fue imputada tras reconocer –en una primera comparecencia en calidad de testigo– la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le “encantaría” que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado.