Con 320 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, el 7 de octubre de 2004 fue aprobada en el Congreso de los Diputados la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, la primera norma enviada al Parlamento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El texto consiguió algo nada frecuente: unanimidad de todos los grupos políticos (Vox no estaba). Antes de que Manuel Marín, presidente del Congreso, anunciara el resultado de la votación, el hemiciclo estalló en aplausos.
Pionera y modelo para otros países de la UE, la ley entró en vigor el 28 de diciembre. 20 años después, el número de asesinadas ha disminuido (ninguna cifra, salvo 0, es aceptable) y se ha reducido el periplo judicial para las víctimas, que han ganado credibilidad. La violencia machista ha salido del armario y está presente en la agenda social, política y mediática. Sin embargo, las juristas consideran que el sistema de protección sigue fallando. Además, el negacionismo y el repunte machista que tiene parte de la juventud demuestran que la educación y la prevención siguen sin funcionar a pesar de que son pilares de la ley.
Menos feminicidios
En lo que va de año (hasta el 18 de diciembre), 46 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según la estadística del Ministerio de Igualdad. La cifra, aun inasumible, es bastante más baja que la registrada en el mismo periodo de 2004: 69. “El mayor logro de la ley es que ha evitado muchísimas muertes. Pero, paradójicamente, su mayor fracaso es que seguimos teniendo fallecidas”, explica la fiscal especializada en violencia de género Susana Gisbert. Con excepción del año 2002 (45 víctimas mortales a 18 de diciembre), 46 víctimas mortales es la cifra más baja desde 2004. El peor año de la serie fue 2010, con 73 feminicidios en el mismo periodo. A pesar de la bajada generalizada en España, la situación es especialmente preocupante en Cataluña, que acapara el 26% de todos los asesinatos machistas de 2024.
Conciencia social
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que la ley de 2004 fue revolucionaria y se convirtió en un referente internacional. Sacó del armario la violencia machista que, hasta entonces, estaba relegada a la privacidad del hogar y la pareja. “La ley generó una conciencia social, una cultura, la de la igualdad, frente a la cultura del machismo. Sacó del ámbito privado lo que era, y sigue siendo, una violencia estructural contra las mujeres. Fue una ley revolucionaria y hay que dar las gracias a muchas activistas. Especialmente, a Ana Orantes, que, con su testimonio ante las cámaras de televisión, nos hizo reflexionar sobre lo que no existía. Fue importante por la ruptura del silencio y la vergüenza”, ha explicado la titular de Igualdad esta tarde en la sede del ministerio.
Más denuncias
La ley también ha conseguido que se disparen las denuncias, que han pasado de 126.300 en 2007 (año en el que se unificaron los expedientes, que hasta entonces, iban por separado si se tramitaban ante un juzgado o ante la policía) a casi 200.000 en 2023. Altamira Gonzalo, abogada y vicepresidenta de Femes (feministas socialistas) añade que, efectivamente, una gran conquista de la ley es que 3 millones de mujeres se han atrevido a denunciar su calvario desde 2004. En 2024, el 26% de las víctimas mortales habían interpuesto denuncia. La jurista recuerda que hasta 2003 la mujer que denunciaba tenía que volver a casa a convivir con su maltratador. También recuerda que no fue hasta 1989 cuando el Código Penal introdujo por primera vez el delito de malos tratos (solo físicos) en la pareja. “Cuando denunciaban, se les hacía caso si llevaban sangre o tenían lesiones. Si no, se consideraba algo privado, sin más”, recuerda.
Faltan peritos
Gisbert reconoce que la ley de 2004 ha contribuido a reducir la angustia de las víctimas dado que, en menos de 72 horas, el juez puede decretar la orden de protección. La fiscal añade que, gracias a la norma, se ha reducido el periplo judicial de las víctimas, que antes tenían que ir de juzgado en juzgado. Ahora, el mismo juez o jueza lleva la parte penal y la civil (custodia de los hijos, por ejemplo). La abogada Gonzalo recuerda que desde el feminismo jurídico siempre se ha reivindicado que el mismo juez lleve los asuntos penales y civiles, pero reconoce que lo penal siempre tiene prioridad de manera que lo civil queda “un poco arrinconado” porque “la dualidad competencial es complicada de llevar a cabo”. A pesar de las bondades de la ley, el sistema de protección falla, según la fiscal Gisbert, por falta de medios materiales y personales. “Los jueces, en teoría, tienen que estar rodeados de peritos de las unidades de valoración forense para que le orienten sobre el riesgo que tiene la víctima. Sin embargo, no hay suficientes unidades y el juez se encuentra a veces muy solo y no valora bien el riesgo real de la víctima”, añade la abogada Gonzalo.
Falla la educación y la prevención
Luchar contra los feminicidios, sin embargo, no es solo una cuestión de condenas y medidas policiales. “Todo se lleva a la jurisdicción penal, pero ¿qué pasa con la prevención y la educación? La ley es integral y también abarcaba estos aspectos, pero algo está fallando. No puede ser que en los institutos se den dos charlas al año sobre igualdad. La educación va mucho más allá. Uno de los grandes enemigos que tenemos ahora es el negacionismo y el repunte machista de algunos jóvenes”, añade la fiscal Gisbert. El negacionismo es, según la abogada Gonzalo, un “fallo estrepitoso”. La ley del 2004 es tan especial, entre otros motivos, porque decreta medidas preventivas, enfocadas a la educación, la publicidad y los medios de comunicación y la sanidad. La educación es lo más importante, pero si no cambiamos el paradigma no acabaremos con la desigualdad. Lo estamos haciendo bastante mal en este sentido. Este es el reto más importante y el más difícil”, destaca la letrada, que pone de manifiesto que una ley como la de 2004 no se podría haber aprobado hoy, con un Parlamento donde se sienta la extrema derecha.
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Urge una actualización
La fiscal Gisbert concluye que la ley, “pionera y ejemplo para muchos países de nuestro entorno”, tiene que ser actualizada dado que solo se ha revisado en 2005. Efectivamente, en el Congreso, la subcomisión del pacto de Estado contra la violencia de género -en la que están presentes todos los grupos menos Vox- está actualizando la norma para incorporar la violencia económica, digital y vicaria (la que se comete contra los hijos para hacer daño a la madre). “La ley ha dado buenos resultados, pero necesitamos una revisión e intentaremos que haya el mayor consenso posible”, ha añadido la ministra de Igualdad tras hacer hincapié en las nuevas violencias, como la económica, la vicaria (9 niños asesinados en 2024) y la de las redes sociales. La previsión para renovar el pacto de Estado es tenerlo listo a lo largo del primer trimestre de 2025. El sistema Viogén -un mecanismo pionero donde se acumula toda la información de cada expediente- también se está renovando y la nueva versión se presentará en enero.
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